El próximo domingo 1 de junio, la ciudadanía acudirá por primera vez a votar para elegir al Poder Judicial. Un acontecimiento histórico de interés nacional y global. El Instituto Nacional Electoral (INE), aprobó 131 mil 239 observadores internacionales y aún están pendientes 18 mil 694, el mayor número en la historia de México.
Instrumentar un ejercicio de esta naturaleza involucra una fuerte tensión entre democratizar la justicia y evitar que grupos de poder capturen el sistema de justicia. Esta presión explica por qué el proceso incomoda a ciertas figuras y genera múltiples críticas.
La elección directa de jueces amenaza los mecanismos tradicionales de influencia. Empresarios que intervienen en decisiones políticas y judiciales sin tener cargos formales que son beneficiados mediante fallos favorables de contratos públicos y disputas fiscales. Cacicazgos políticos que controlan redes locales, nacionales y globales dedicados a favorecer a grupos de poder. Cárteles que corrompen jueces para evadir procesos y recuperar activos incautados. Medios de comunicación, nacionales y extranjeros, que influyen en narrativas para debilitar gobiernos y facilitar la incursión de capitales económicos, cuyo objetivo es el despojo de recursos naturales.
Elegir mediante el voto popular al Poder Judicial rompe el control de las cúpulas que antes negociaban para asegurar jueces afines. Expone públicamente a los candidatos y permite conocer sus vínculos con grupos de influencia, enfrentándolos el escrutinio mediático y al rechazo o aprobación de la ciudadanía. Ante el ejercicio de elección popular, ningún grupo está en condiciones de controlar todo el proceso, obligando a los aspirantes a competir sin ventajas injustas.
Quienes se oponen al voto popular para elegir a los miembros del Poder Judicial afirman que este ejercicio no democratizará la justicia, asegurando que sólo cambiarán los actores que la administran. Declaran que el actual gobierno instaurará candidatos afines mediante el uso de su maquinaria partidista y que el crimen organizado financiará campañas para colocar jueces que “legalicen” sus actividades. Y concluyen subrayando el papel de los medios y redes sociales para crear narrativas dirigidas a imponer candidatos mediante campañas de desinformación.
Todo lo anterior, es posible. Diversos y complejos intereses están en juego en la elección del Poder Judicial. El dilema que este ejercicio popular entraña es parte de un conflicto no resuelto en nuestra incipiente democracia.
Si los jueces son designados bajo la lógica tradicional presidencialista se garantiza “estabilidad” y experiencia, a cambio de perpetuar el control de la élite económica y política. Si son electos por la ciudadanía se consigue soberanía popular y legitimidad social. Aunque se corre el riesgo de la politización y la inexperiencia.
En 2024, la ciudadanía apostó por lo segundo. Construir un sistema judicial legítimo y confiable que combine independencia técnica con rendición de cuentas democrática, pese a todas las dificultades que esto representa.
Doctorada en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y Posdoctorada por la Universidad de Yale
