La protesta del 11 de octubre de 2026 en Jalisco, en la que miles de habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara exigieron agua limpia al gobierno de Pablo Lemus, estuvo marcada por un doble mecanismo de gestión del conflicto que combinó el operativo represivo con un posterior discurso de “responsividad”, articulado mediante el anuncio de investigaciones, el reconocimiento de excesos y la promesa de reparación.
Lejos de ser contradictorias, ambas acciones formaron parte de una misma estrategia gubernamental. En una primera fase, se contuvo la disidencia mediante el uso de la fuerza y, posteriormente, se buscó administrar el costo político a través de gestos de aparente apertura.
Ante las protestas de la población, que exigía agua limpia debido a que en decenas de colonias el suministro llega contaminado, el gobierno de Pablo Lemus respondió con un despliegue policial caracterizado por el uso desproporcionado de la fuerza. Durante el operativo se emplearon gases lacrimógenos, extintores y chorros de agua a presión contra de los manifestantes.
Además, se registraron detenciones arbitrarias y actos de tortura. El periódico “La Jornada” documentó que las personas detenidas fueron privadas de asesoría legal, no recibieron información sobre las acusaciones en su contra y sufrieron golpes y humillaciones dentro de la residencia oficial del gobernador, conocida como “Casa Jalisco”. Una de las víctimas denunció haber sido sometida a torturas, vejaciones y amenazas por parte de policías estatales.
Las reacciones del gobierno federal y de organismos internacionales expresaron un fuerte repudio a la represión contra la población. La presidenta Claudia Sheinbaum exigió explicaciones y afirmó que “no estamos de acuerdo con la represión”. Amnistía Internacional condenó los hechos, mientras que la relatora de la ONU sobre la libertad de reunión manifestó su preocupación por el uso excesivo de la fuerza.
Presionado por el rechazo público y su creciente aislamiento político, el gobernador Lemus, de Movimiento Ciudadano, reorientó su discurso hacia una aparente “responsividad”. Se comprometió a investigar y sancionar a los policías identificados, reparar el daño, garantizar la no repetición, revisar los protocolos de actuación policial y liberar a las personas detenidas.
Sin embargo, los compromisos se cumplieron parcialmente. Simplemente separó de sus cargos a 17 policías estatales implicados, no se investigó la cadena de mando ni quién ordenó la represión. Además, las 39 personas detenidas fueron liberadas, pero sus casos siguen abiertos, por lo que se trata de una liberación “condicionada”.
La combinación de represión y “responsividad” selectiva no representa una falla democrática aislada, sino una forma de gestionar el conflicto. Aunque el gobierno ofrece una aparente apertura después de recurrir a la fuerza, no atiende las causas estructurales de la protesta, como la crisis del agua y el modelo de financiamiento promovido por Lemus. Continúa impulsando un esquema que prevé una asociación público-privada para construir el Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara, cuya operación permanecería bajo control de empresas extranjeras durante al menos 20 años.