La libertad de expresión en Estados Unidos sufrió un duro golpe con la suspensión del programa de Jimmy Kimmel, ejecutada por Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones del gobierno de Donald Trump, el pasado 18 de septiembre. Esta medida fue tomada después de que Kimmel hiciera comentarios sobre Charlie Kirk, un activista conservador asesinado recientemente mientras participaba en un debate en la Universidad del Valle de Utah.

El 20 de enero de 2025, en su discurso de toma de posesión, Donald Trump prometió “poner fin inmediatamente a toda censura gubernamental y devolver la libertad de expresión a Estados Unidos”, en referencia al veto que le impusieron semanas después del ataque del 6 de enero de 2021, las principales empresas de redes sociales. Paradójicamente, hoy impulsa una campaña estatal punitiva contra personalidades de cadenas de televisión, periodistas y todo aquel que cuestione sus decisiones políticas.

Históricamente, el sistema democrático estadounidense representó un modelo global a seguir. Actualmente, el retorno de los extremismos, la desinformación y el autoritarismo desafían la solidez del otrora sistema democrático liberal representativo.

Desde los primeros días de su segundo mandato, Donald Trump reabrió la campaña para socavar el principio de separación de poderes, la independencia de los organismos reguladores y la libertad de expresión.

Un ambiente de hostilidad y censura a las voces disidentes configura el panorama de la vida política en Estados Unidos. El linchamiento a los medios críticos del actual gobierno va a la par del desmantelamiento de los mecanismos de protección a periodistas.

Las universidades constituyen otro espacio del pensamiento crítico e independiente que está siendo sometido a presiones sin precedentes. El financiamiento es condicionado a la exigencia de examinar las opiniones políticas de estudiantes y personal docente. Corte de fondos bajo el supuesto acoso antisemita, lo que obliga a las universidades a revisar sus procedimientos disciplinarios y programas de estudios bajo presión. A lo anterior, se suma el uso indiscriminado de narrativas que pretenden deslegitimar la credibilidad institucional de las universidades.

El ideal democrático, enunciado en la Declaración de Independencia de Estados Unidos de 1776, se funda en el principio de que el poder del gobierno emana del consentimiento de las personas gobernadas y en la construcción de un sistema de pesos y contrapesos orientado a impedir el abuso de autoridad. No obstante, estos principios sólo adquieren pleno sentido si se garantiza la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión, condición indispensable para el ejercicio de las demás libertades.

La tradición democrática de Estados Unidos enfrenta graves problemas de supervivencia. El modelo autoritario avanza sobre los espacios de las libertades ciudadanas, inclinando la balanza de manera creciente hacia un poder cada vez más concentrado y centralizado, sostenido por la represión política y la exclusión de las posibles voces opositoras.

Doctorada en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y Posdoctorada por la Universidad de Yale

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