El 20 de febrero, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo histórico en contra de Donald Trump, al determinar que el presidente excedió sus atribuciones al imponer aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Esta decisión representa un parteaguas en la política económica promovida por la actual administración. Hoy, el panorama político estadounidense está marcado por un poder judicial que pone freno a las acciones del ejecutivo, una ciudadanía activa que redefine el discurso nacional y un presidente que explora alternativas para sortear la resolución judicial.
John Roberts, presidente del Tribunal Supremo, responsable de la redacción del dictamen que obtuvo la opinión mayoritaria (6 a 3), enfatizó que la Constitución estadounidense confiere al Congreso, y no al presidente, la facultad de imponer impuestos y aranceles. La relevancia del fallo de la Corte no solo constituye un revés para Trump, sino que además marca un precedente al redefinir el equilibrio de poderes en el gobierno de Estados Unidos.
La reacción del presidente ante el fallo de la Corte adoptó un tono personal y agresivo. Arremetió contra los jueces que votaron en su contra, incluyendo a Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, quienes fueron propuestos por él en su momento. En su conferencia de prensa acusó, sin aportar pruebas, que la Corte había sido influenciada por “intereses extranjeros”.
Un factor determinante para enfrentar el poder abusivo y autoritario de Trump ha sido la activa participación política de la comunidad de Minneapolis. Tras el asesinato de dos ciudadanos estadounidenses, Renee Nicole Good y Alex Jeffrey Pretti, quienes perdieron la vida a manos de agentes federales del ICE, las manifestaciones en contra del gobierno se intensificaron de manera significativa.
La resistencia se expresó a través de diversas acciones, como demandas judiciales presentadas contra la operación federal que instrumentalizó represalias políticas hacia un Estado que no votó por Trump, las cuales estuvieron respaldadas por el fiscal general de Minnesota. Asimismo, se realizaron boicots nacionales para dejar de apoyar a las grandes empresas tecnológicas consideradas cómplices de las políticas de la administración. Además, la comunidad brindó protección activa a los inmigrantes ante la violencia ejercida por el ICE, esfuerzo que recibió el respaldo y solidaridad de numerosas ciudades en EU.
Aunque por ahora, el fallo representa una victoria frente a los aranceles impuestos por Donald Trump, ya está considerando otras estrategias para eludir la decisión de la Corte Suprema. El presidente fue enfático al declarar que “su decisión fue incorrecta, pero no importa, porque tenemos alternativas muy poderosas que han sido aprobadas por esta decisión”. Y, enseguida anunció que firmaría una orden ejecutiva para imponer un nuevo arancel global del 10% a las importaciones, basándose en otras leyes comerciales, como la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974.
Doctorada en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y Posdoctorada por la Universidad de Yale