La complejidad del dilema que hoy enfrenta Andrés Manuel López Obrador, en relación con la revelación presentada en el Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ) y el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), sobre la red de corrupción e impunidad de militares, a quienes se vincula al caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, y la confianza que el presidente concede a las Fuerzas Armadas (FF. AA.) para realizar acciones de seguridad pública en México, en primera instancia, resulta inconciliable.
Históricamente, la relación entre militares y aspiraciones democráticas en México han sido difíciles. Las FF. AA. tienen la función de ser utilizadas para la “defensa de la patria” frente a terceros. Pero, también, están dedicadas a mantener el monopolio de la violencia legítima dirigida a “salvaguardar” el control social al interior del territorio nacional. Ejercicio que ha derivado en terribles consecuencias sufridas por amplios sectores de la población: la represión de los estudiantes en el 68, la “guerra sucia”, la “guerra contra el narcotráfico”, la matanza de Tlatlaya, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y mil etcéteras.
No obstante, la reconfiguración de poderes globales exige revisar la tarea asignada tradicionalmente a las FF. AA.
Particularmente, frente a la fragilidad de un Estado amenazado por la presencia del crimen organizado, fraguado a través de redes trasnacionales en las que participan gobiernos, consorcios empresariales, organismos financieros y medios de comunicación corporativos.
El reto no es menor. Implica romper las relaciones de colusión urdidas durante décadas entre militares de las FF. AA. con el crimen organizado, funcionarios de cuello blanco y empresarios (nacionales y trasnacionales), en las que todas las partes han obtenido incalculables ganancias.
Compromete al actual gobierno a sumar a grupos históricamente marginados a un ejercicio democrático, justo e incluyente. Y, particularmente, lo obliga a transformar lo que por décadas representó la idea de “defensa nacional” y a concretar una nueva experiencia del significado de “estabilidad política interna”.
En este marco, la reconfiguración del vínculo entre democracia y militares ocupa un lugar central en la supervivencia de la gobernabilidad. Para ello, es necesario que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, sea capaz de revertir el cerco de impunidad que caracteriza a las FF. AA.
Y, al mismo tiempo, consolidar la normalización democrática de las FF. AA., mediante prácticas de transparencia y rendición de cuentas dirigidas a erradicar la opacidad con la que esta institución procede.
Quizá, esto suene a utopía. Sin embargo, la experiencia muestra que el avance de la democracia en México ha estado ausente de “golpes de Estado”. Aunque, ciertamente, aún está pendiente que las FF. AA. acepten someterse al control civil y a las reglas del sistema democrático.
La resolución del Caso Ayotzinapa será crucial para redefinir el papel de las FF. AA. en la historia por venir.
Doctorada en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y Posdoctorada por la Universidad de Yale