El informe presentado el jueves pasado por el subsecretario Alejandro Encinas, quien preside la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, creada para esclarecer la desaparición de 43 estudiantes normalistas, corrobora que se trató de un crimen de Estado organizado desde el más alto nivel y confirma que no hay indicios de que los jóvenes puedan seguir con vida.

Las conclusiones preliminares desarticulan la “verdad histórica”, sostenida durante el gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto. Desvela la participación conjunta de funcionarios de los tres órganos de gobierno (federal, estatal y municipal) con delincuentes del cártel “Guerreros Unidos”, para llevar a cabo la ejecución de los estudiantes del magisterio de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Pero, no solo eso, revela los nombres y cargos específicos de quienes colaboraron, o fueron omisos, frente a esta deleznable masacre, entre otros importantes descubrimientos.

Ciertamente, los hallazgos encontrados por la Comisión de la Verdad no sorprenden a la opinión pública. Es ampliamente sabido que las familias de los 43 normalistas desaparecidos y los expertos internacionales, amparados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, contaban con información que apuntaba directamente a la responsabilidad Estado.

Lo relevante del informe es el giro que sitúa al Estado mexicano como partícipe y “organizador” del acto criminal perpetrado contra los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Y, como tal, el actual gobierno asume la obligación de transparentar los hechos, sin ocultar información ni proteger a ningún alto funcionario del gobierno –civil o militar–, para dar paso a la justicia.

Diferentes acciones muestran la voluntad política del presidente, Andrés Manuel López Obrador, de castigar a los culpables para romper la cadena de impunidad. Las 83 órdenes de aprehensión contra 20 mandos militares y personal de tropa en Iguala; autoridades de Guerrero y policías estatales y municipales; y 14 miembros de “Guerreros Unidos”.

Un día después de la exposición pública de las conclusiones preliminares del Caso Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República cumplimentó orden de aprehensión en contra de Jesús “M”, exprocurador general de la República, por la probable comisión de delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia.

Sin embargo, llegar al fondo de la verdad y hacer justicia implica traspasar la puerta del Ejército. Muchas preguntas permanecen aún sin responder. Por qué el Ejército no hizo nada para proteger a los estudiantes si tenía información en tiempo real de lo que estaba sucediendo. Incluso, por qué permanece sin cambios el 27 Batallón de infantería, cuando los testimonios muestran que integrantes de esta zona militar se coordinaron con “Guerreros Unidos” para asesinar y desaparecer, por lo menos a 6 de los 43 estudiantes.

Uno de los más grandes obstáculos que enfrenta López Obrador para conseguir la reparación del daño y la garantía de no repetición en el Caso de Ayotzinapa es Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional.

Doctorada en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y Posdoctorada por la Universidad de Yale