Ante el creciente intervencionismo de la ultraderecha internacional en procesos electorales de América Latina, el diputado Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa de reforma constitucional para anular elecciones en México cuando se acredite la injerencia de gobiernos, organizaciones o personas extranjeras.
La iniciativa busca modificar el artículo 41 de la Constitución mexicana, así como leyes secundarias, para establecer la intervención de actores extranjeros como una causalidad de “nulidad de una elección, tanto federal como local”. Monreal sostiene que la legislación vigente es insuficiente para sancionar de manera expedita las nuevas formas de injerencia externa.
Ante el cuestionamiento sobre qué acciones podrían considerarse una intervención grave, el legislador mencionó las presiones políticas, económicas, diplomáticas y mediáticas; la vulneración del territorio –tierra, agua, mar o espacio aéreo– con fines de intimidación; la intervención directa para favorecer o perjudicar a algún candidato o partido; así como la propaganda y difusión sistemática de desinformación o manipulación digital.
La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó públicamente esta iniciativa durante su conferencia matutina y la presentó como una medida orientada a defender la soberanía nacional. Incluso reveló que el diputado Ricardo Monreal le consultó previamente la propuesta, la cual avaló al afirmar: “Me parece bien, la verdad. Creo que es una buena iniciativa porque en México decidimos los mexicanos”.
En medio de un clima de creciente tensión, Sheinbaum advirtió que asesores del gobierno de Donald Trump buscan influir en la política mexicana con fines electorales, en el contexto de los comicios de noviembre en Estados Unidos, y sostuvo que “México no es piñata de nadie”.
Los partidos de oposición —PAN, PRI, Movimiento Ciudadano e incluso un aliado como el PVEM—, criticaron la iniciativa del diputado Monreal al considerar que forma parte de una estrategia para blindar al oficialismo ante una eventual derrota en las urnas en 2027.
Sus detractores advierten que, al no definir con precisión qué actos constituirían una intervención extranjera, la propuesta podría usarse como un “arma” para anular triunfos de la oposición. A su juicio, se trata de una “trampa” para imponerse “a la mala” y silenciar la disidencia. Señalan, además, que bajo el argumento de proteger la soberanía podría esconderse una herramienta para inhabilitar a la oposición bajo el supuesto de financiamiento externo.
Más allá de la disputa entre oficialismo y oposición, la iniciativa de Ricardo Monreal expone un dilema democrático de fondo: busca cerrar el paso a nuevas formas de injerencia externa —bots, desinformación, financiamiento opaco, implementación de una guerra jurídica (lawfare) o presión diplomática—, pero su redacción ambigua abre un margen de discrecionalidad riesgoso.
El problema no es solo político, sino también institucional, al no definir con claridad qué constituye una intervención, se podría dejar únicamente en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una decisión profundamente interpretativa sobre la validez de una elección.
Doctorada en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y Posdoctorada por la Universidad de Yale