El martes pasado culminó el ciclo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), iniciado hace 30 años. Al levantar la última sesión, la presidenta de la Corte Norma Lucía Piña Hernández declaró en su discurso final: “será la sociedad y la historia misma las que juzgarán a quienes han juzgado”. Ciertamente, la historia ya los juzgó.
Los resultados obtenidos en las elecciones federales de 2024, en favor del “Plan C”, cuya decisión permitió a Morena y sus aliados conseguir la mayoría calificada en la cámara de diputados y senadores, y la posterior consulta ciudadana en la que el 70 por ciento reiteró su apoyo a la reforma judicial, prefigura el juicio de la población que históricamente ha sido excluida del acceso a la justicia.
Durante tres décadas, la SCJN sostuvo una relación próxima a la élite económica y distante de la gente común. La falta de conexión con la ciudadanía dificultó la defensa de la población en favor de la permanencia de un poder judicial que actuó ajeno a la justicia de las mayorías. Para muchos, defender a la SCJN significaba proteger los privilegios de un sector muy reducido.
Democratizar al poder judicial, representa para la ciudadanía acceder a la justicia. Por ello, cuando los grupos opositores salieron a defender a la Corte, su defensa fue interpretada como oportunismo político. Se trataba de los mismos partidos que en el pasado fueron acusados de utilizar al sistema de justicia en beneficio de la oligarquía.
El poder judicial no comprendió los retos que hoy enfrenta México, dentro y fuera del país. Apostó por mantener las dinámicas tradicionales de salvaguardar los intereses de unos cuantos.
La SCJN siguió siendo omisa ante la violación de derechos humanos. Evadió la responsabilidad de crear instrumentos legales necesarios para asegurar una participación efectiva de la ciudadanía en la toma de decisiones ambientales, de materializar leyes a nivel constitucional para defender los derechos de las mujeres y proteger la diversidad cultural de los pueblos originarios. De poner freno a la evasión fiscal de los grandes contribuyentes e impedir la liberación de capos de la droga.
El poder judicial devino en “opositor” del gobierno naciente, como si de un partido político se tratara. Desde administraciones pasadas, la Corte arrastraba la percepción de estar politizada y servir a intereses particulares más que a la justicia.
Tomar posición en favor de la élite económica pervirtió la función del poder judicial. La división de poderes no radica en adoptar una postura ideológica para confrontar al gobierno en turno, sino de contribuir al equilibrio de pesos y contrapesos, donde cada poder tenga la facultad de vigilar, controlar y limitar los excesos de los otros dos. Significa que cada uno debe ejercerse de manera distinta para evitar la concentración de poder y garantizar la libertad individual.
La histórica falta de arraigo popular del poder judicial, la fuerza narrativa presidencial que impulsó la Reforma judicial en clave democratizadora y la debilidad de la oposición que optó por hacer “activismo de sofá”, tuvieron como desenlace el “adiós a 30 años del ciclo de la SCJN”.
Doctorada en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y Posdoctorada por la Universidad de Yale