El anuncio hecho la semana pasada por el presidente electo, Enrique Peña Nieto, de crear una Comisión Nacional Anticorrupción merece cierta reflexión. Primero denota un fracaso de los experimentos anteriores, llámese Secretaria de Contraloría y Desarrollo Administrativo y posteriormente rebautizada como de la Función Pública, pues en términos de costo-beneficio ha sido mucha la inversión y poco los logros obtenidos, en parte por la ausencia de “voluntad política” del Estado de perseguir y castigar a los corruptos. Es conocido que la corrupción no sólo mella la efectividad del Estado para cumplir con sus fines más importantes vinculados a la calidad de vida de la población, sino que, además, corroe los fundamentos morales de la sociedad y deteriora, con frecuencia de un modo irreversible, la confianza de la gente en el país.

Sostenemos la tesis: “sin voluntad política no hay combate a la corrupción”. En la Tercera Conferencia Internacional Anticorrupción 2012, se llegó a la conclusión de que a “todas estas ideas y planes anticorrupción les suele faltar un componente indispensable para su aplicación exitosa y sin el cual nada será posible: voluntad política real y la ambición de llevar la lucha anticorrupción hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga, sin interesar el color político del corrupto o el rango social del chorizo”.

La lucha anticorrupción debe estar acompañada de señales claras e inequívocas de que, esta vez, las cosas van en serio. A partir de esto nos preguntamos ¿habrá confianza en un gobierno que en su momento protegió a corruptos como los ex gobernadores Mario Marín, Humberto Moreira o Ulises Ruíz? De entrada hay poca confianza, por lo que la Comisión tendrá que legitimarse con acciones inmediatas que muestren a la ciudadanía que este órgano, ahora autónomo, vale la pena.

Las comisiones anticorrupción son la moda en América Latina; tienen Perú, Brasil, Argentina y otros. Lo que marca la diferencia es la voluntad política. En el caso de Perú, por ejemplo, la Comisión envió a la cárcel al ex presidente Alberto Fujimori junto a varios ex ministros y colaboradores; o Brasil, donde José Dirceu, ex ministro de la Casa Civil, y el presidente del PT, José Genoino, fueron encarcelados por haber montado una vasta recaudación ilegal de recursos para financiar las campañas del partido.

Asimismo cabe agregar que el problema rebasa el límite de lo nacional, entendiendo que la corrupción en el mundo actual ya no es un problema local, nacional o regional; se trata de un problema de escala mundial, donde sólo se podrá enfrentar con políticas de Estado permanentes e integrales, con respaldo de la comunidad internacional.

El reto es grande para Peña Nieto. No basta la inhabilitación de la función pública, sino que se tenga que hacer la reparación económica del daño causado, y sobre él caiga la acción penal correspondiente. No bastan las buenas intenciones, sino la radicalización de nuestras acciones en contra de la corrupción. Como dice el dicho, “si bien la fe mueve montañas, la experiencia ha demostrado que la dinamita lo hace mejor”.

Investigador del Centro de Estudios Económicos Financieros (UAQ)