El pasado 6 de noviembre a tan solo ocho semanas de concluir este tormentoso año y a dos de haber iniciado el proceso electoral local en el estado de Querétaro, justo cuando los interesados en participar por alguna de las distintas fuerzas políticas ya se frotaban las manos, ante lo que parecía el inicio de las definiciones de los aspirantes a la máxima posición política, de repente y sin avisar, cayó como un rayo en una tarde soleada de día de campo el “acuerdo de emisión de criterios generales que garantizan el principio de paridad de género en la postulación de candidaturas a las gubernaturas en los procesos electorales locales 2020-2021”, emitido por el INE.
Al respecto, vale la pena mencionar que dicho acto fue la respuesta a una solicitud presentada tanto por dos organizaciones de la sociedad civil, como —y es importante subrayarlo—por una aspirante a la gubernatura por Morena en el vecino estado de Michoacán, uno de los 15 estados en disputa con altas probabilidades de triunfo para dicho instituto político, y donde todo apunta a que la definición está decantada hacia el Senador en funciones.
La respuesta es conocida, y con 9 votos a favor y 2 en contra, el Consejo General del INE emitió los criterios generales para que los Organismos Públicos Locales realicen las acciones conducentes, para así, garantizar, la paridad en los respectivos procesos electorales en cada entidad federativa. Hasta aquí los hechos, lo interesante del asunto fueron las respuestas a la repuesta del INE, tanto por los partidos políticos nacionales, como por —paradójicamente— el Senado de la República, el mismo que en la presente legislatura lleva por slogan “Legislatura de la paridad de género”, quien al interior y en común acuerdo con todas las fuerzas políticas del país, decidió impugnar el acuerdo de paridad.
Las argucias legales son en el sentido de que un órgano autónomo no puede legislar ni invadir las facultades de alguno de los poderes constituidos, pero si revisamos el documento de noventa hojas publicado por el INE, advertiremos que no solo se está dando cumplimiento a una reforma constitucional, la de paridad en todo, sino que también se está procurando la observancia de derechos humanos suscritos por México en distintas convenciones internacionales, de ahí que, se entienda que el alcance tenga efectos en todos los órganos e instituciones políticas del estado mexicano.
En caso de prosperar el resolutivo en cuestión, al igual que en el año 2012 habrá varios damnificados, no solo en Querétaro, sino en otros estados de la república, pero también se abrirá la puerta para escribir nuevas historias y poco a poco cerrar la gran brecha de desigualdad política que prevalece en nuestro país. Por ello es importante recordar que, si bien las acciones afirmativas generan distorsión en la voluntad inicial en la conformación de poderes, también hay que decir que, son acciones de carácter temporal no permanente, mientras se corrige el desperfecto institucional que se busca erradicar.
Finalmente, es sabido que la última palabra la tendrán las dirigencias nacionales de los partidos políticos, pero para el caso de Querétaro, la aplicación del presente acuerdo puede cambiar la historia e incluir la paridad como variable de cambio, al menos en los dos principales partidos de oposición, el PRI y Morena, ya que en el caso del partido en el gobierno, se canceló toda posibilidad de participación femenina; lo anterior, en voz de su propio Secretario General del Comité Estatal, quien antes de que cualquier cosa pasara, afirmó categóricamente que el sexo de su contendiente será masculino.
Al momento de la redacción de estas líneas solo existen dos gobernadoras en el país, Claudia Pavlovich en Sonora y Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, ojalá y el año entrante podamos tener más Claudias en los ejecutivos estatales para hablar de la república de la paridad.