La 4T no sale de una crisis cuando ya entró en otra más grave y profunda.
En el más reciente episodio del saqueo del Estado mexicano por parte de sus propios gobernantes, familiares y cómplices, el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca (28 diciembre 2025) registra preliminarmente un saldo de 13 personas fallecidas y 98 heridos.
La pregunta ya ni siquiera es ¿quiénes son los responsables?, sino ¿a quiénes de los nuestros vamos a proteger, encubrir y otorgar impunidad en esta ocasión?
Esta tragedia rebasa a las anteriores porque la evidencia está disponible: abundan la ineptitud, los materiales deficientes y la improvisación, y resultan inexistentes la solvencia técnica y la integridad. En una conversación difundida en marzo de 2024, un amigo y un primo de los hijos de quien fuera presidente entre 2018 y 2024 —contratistas en la construcción de los trenes insignia de la 4T— se jactan burlonamente de que librarán cualquier auditoría o revisión mediante moches: “Ya cuando se descarrile el tren, ya va a ser otro pedo”.
¿Qué tenían que hacer los hijos y sobrinos de un presidente en funciones como proveedores y contratistas de la obra pública federal? ¿Acaso alguno de ellos ha sido siquiera citado a declarar?
Es el propio exmandatario quien nos cuenta del involucramiento de su tercer hijo en la supervisión del tendido de vías. Sus amigos habrían obtenido contratos para minas y balasto en la península de Yucatán y en Oaxaca.
¿Por qué se permite que bajo los gobiernos de Morena la administración pública funcione como una empresa familiar ampliada? ¿Hasta cuándo se va a tolerar que el Estado se convierta en un sistema de reparto de negocios multimillonarios ilegales?
El contratismo en la obra pública se ha convertido en la otra cara del crimen organizado. Las autoridades han sido omisas en la prevención de conflicto de interés, cuando en las contrataciones públicas figuran familiares de la cúpula del poder político. El poder se ha cerrado sobre sí mismo.
Las autoridades prometen, como de costumbre, que se llegará al fondo del asunto. Expreso aquí mi sano escepticismo. Son los mismos gobernantes a quienes se les cayó la línea 12 del Metro de la CDMX en 2021, con 26 muertos y más de 80 heridos, y que impidieron que compareciera la directora del sistema de transporte colectivo, y hallaron como culpables no a altos funcionarios, sino ¡a los pernos en las vigas de la estructura!
La 4T no se investiga a sí misma, señalan los periodistas que escudriñan en los entretelones del poder, y menos en los casos de sus obras insignia, que destilan corrupción e ineptitud. Espero equivocarme en esta ocasión.
En Honduras, el 30 de noviembre se produjo una estrepitosa derrota electoral del clan Zelaya/Castro —de gran afinidad con la 4T— precisamente por la indignación del electorado ante el abuso del poder por parte de quienes prometieron ruptura con las oligarquías, regeneración y justicia social.
En el México de la 4T la corrupción se combate sólo hasta las antepenúltimas consecuencias, porque al final prevalece el nepotismo envuelto en ideología.
‘Tonto es quien piensa que el pueblo es tonto, la gente sabe muy bien’, nos decía ayer el patriarca. Luego desde su finca en Palenque nos recuerda que al menos Bobby participó como ‘honorífico’ y no cobró por sus servicios. Ya vamos de gane.