La llamada Ley Chepe, impulsada por el alcalde de Corregidora, Chepe Guerrero, abre un debate necesario y valiente: cuando un menor participa en delitos de alto impacto, la respuesta del Estado no puede ser tibia ni ambigua. No estamos hablando de faltas menores ni de errores pasajeros; hablamos de homicidio, secuestro, violación, extorsión o participación con estructuras criminales. En esos casos, la sociedad tiene derecho a exigir justicia proporcional al daño causado.
Los datos nacionales confirman que el problema no puede minimizarse. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2024 México registró una tasa de 34 mil 918 delitos por cada 100 mil habitantes, por encima del año previo. Además, durante 2023, 32 mil 852 adolescentes fueron imputados por la probable comisión de un delito, y ocho de cada diez fueron hombres.
Los cinco delitos más frecuentes en justicia para adolescentes fueron lesiones, robo, amenazas, abuso sexual y narcomenudeo. No se trata de estigmatizar a la juventud; se trata de reconocer que el crimen ha encontrado en la edad un escudo jurídico que muchas veces termina favoreciendo la impunidad.
Es cierto que la neurociencia ha documentado que la corteza prefrontal —clave para la planeación, el autocontrol y la inhibición de impulsos— madura hasta los 25 o incluso 27 años. Pero ese dato no puede convertirse en patente de corso. Comprender el desarrollo cognitivo de los jóvenes sirve para diseñar prevención, educación y acompañamiento; no para relativizar conductas extremadamente graves ni para dejar en segundo plano a las víctimas, además la propuesta integral que hace el alcalde Chepe es en un sentido holístico que permite en primer término promover el desarrollo de las y los jóvenes como modelos preventivos de sanidad social, previo siquiera a intentar criminalizar conductas. La maduración incompleta explica, pero no absuelve.
La prevención sigue siendo la proridad, bajo el entendimiento que ninguna ley sustituye el trabajo en familia y comunidad, la mejor política pública siempre será evitar que un joven llegue al delito, pero cuando existen delitos atroces, el Estado debe de responder, cada acto antijurídico de alto impacto deja una huella mucho más profunda que la estadística: miedo, duelo, trauma e impunidad.
Por eso la Ley Chepe representa un mensaje correcto: quien actúa con la violencia y la conciencia propias de un delincuente de alta peligrosidad debe enfrentar consecuencias serias. Un Estado humanista no es el que renuncia a sancionar; es el que protege a la mayoría, respalda a las víctimas y deja claro que la ley no puede ser rehén de quienes usan la minoría de edad como coartada criminal.