El reciente operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes 'El Mencho', líder del CJNG, marca un hito en la seguridad pública en México. En un contexto donde la violencia y la impunidad han puesto a prueba la capacidad del Estado, la acción del gobierno federal merece un reconocimiento puntual. No es menor el mérito de lograr avances significativos ante un objetivo prioritario para la seguridad nacional.

Este acierto no es un hecho aislado ni la solución definitiva al complejo entramado de la delincuencia organizada. Lo que se destaca es el viraje estratégico que ha adoptado la actual administración en comparación con el enfoque durante el sexenio de AMLO. Mientras en la administración pasada se apostó por una política de “abrazos, no balazos”, enfocada en la contención y el repliegue táctico, hoy vemos una determinación por enfrentar a los líderes criminales, recuperar territorios y restablecer el principio de autoridad del Estado, eso que tanto se criticó de los sexenios de Calderón y Peña Nieto.

La diferencia es notoria: donde antes predominaba una lógica de evitar el enfrentamiento, ahora se privilegia la acción. Pues pensar en no hacer nada reduciría la violencia a una expresión de infantilismo o quizá de complicidad.

Esta nueva estrategia, aunque bienvenida, no está exenta de riesgos ni de áreas de mejora. La confrontación directa puede exacerbar la violencia en el corto plazo y, si no va acompañada de un fortalecimiento institucional y una política integral, corre el riesgo de convertirse en una medida reactiva más que en una solución sostenible.

Es necesario reconocer los logros sin perder de vista los desafíos estructurales. El combate al crimen organizado no puede reducirse a la captura de figuras emblemáticas; requiere una transformación de fondo en la procuración de justicia, la depuración de cuerpos policiacos y la reconstrucción del tejido social. Es fundamental avanzar hacia una estrategia que combine la fuerza legítima del Estado con programas de prevención, inversión en educación, oportunidades laborales y atención a las víctimas.

La propuesta es clara: fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno, profesionalizar a las policías estatales y municipales, y garantizar la transparencia en el uso de recursos destinados a la seguridad. Urge establecer mecanismos de evaluación ciudadana y rendición de cuentas, para que la sociedad participe activamente en la vigilancia y mejora de las políticas de seguridad. Solo así podremos construir una paz duradera y evitar que estos operativos sean solo victorias momentáneas en una guerra de largo aliento.

El operativo contra 'El Mencho' representa un paso en la dirección correcta, pero no debe ser el punto de llegada. Es momento de consolidar una estrategia de seguridad de Estado, integral, democrática y sostenible, que trascienda sexenios y colores partidistas. El reto es enorme, pero la exigencia ciudadana es mayor: queremos resultados, pero también queremos instituciones fuertes y un México en paz. El llamado es claro: no basta con cambiar de estrategia, hay que cambiar de fondo o quizá solamente retomar lo que en papel fue la política del PAN y el PRI en el gobierno, aunque eso implique contradecir al líder moral de la 4T.