La renegociación del T-MEC no debería leerse como una amenaza inevitable, sino como una prueba de Estado para el gobierno mexicano. El tratado ha sido, con claroscuros, una plataforma de crecimiento: en 2024 el comercio de Norteamérica alcanzó alrededor de 1.6 billones de dólares, y la región concentró cerca de 29% del PIB mundial; además, los flujos de carga entre Estados Unidos, México y Canadá crecieron 1.8% ese año, con 77.1% del valor moviéndose por carretera y ferrocarril, evidencia de una integración productiva real.
En otras palabras: el T-MEC no sólo abre mercados; sostiene empleo, inversión y la oportunidad del nearshoring. Pero ahí empieza también la crítica.
México llega a la revisión de 2026 con ventajas geográficas y demográficas, pero con rezagos que el propio gobierno no ha corregido con suficiente rapidez: incertidumbre regulatoria en energía, cuellos de botella logísticos, presión hídrica, debilidad del Estado de derecho y una política industrial todavía fragmentada.
Si Washington exige reglas de origen más estrictas y mayor vigilancia laboral, la respuesta no puede ser el discurso soberanista de ocasión, sino una estrategia técnica, coordinada y creible.
El Banco de México ha subrayado que exportar bajo el T-MEC mantiene trato preferencial frente a nuevos aranceles, pero ese blindaje depende de que las empresas cumplan las reglas y de que el Estado garantice certidumbre. El reto, por tanto, es compartido: Norteamérica necesita cadenas más resilientes, energía suficiente, talento y seguridad comercial. México puede ganar mucho en la renegociación, pero sólo si su gobierno entiende que defender el T-MEC no es administrar inercias: es corregir, negociar y competir en serio.
Ante esta oportunidad, aparecen las siempre malas noticias que predicen el propio comportamiento, donde el gobierno de Morena muestra nuevamente que su política exterior se subordina a la política interna de legitimación.
En temas internacionales el Gobierno de CSP negocia con Washington usando la carta de la migración y el fentanilo como moneda de cambio, pero lo hace desde una posición de debilidad estructural: el Estado mexicano no controla vastas zonas del territorio donde el narco impone ley, cobra piso y regula rutas. Esa fractura de soberanía le quita margen en el T-MEC, porque EU y Canadá argumentan que no se puede hablar de comercio “justo” ni de cadenas de suministro seguras cuando el socio no garantiza estado de derecho básico. Morena, al priorizar la narrativa de “abrazos no balazos” y evitar confrontación directa con carteles, termina entregando a la mesa de renegociación un México donde el socio comercial duda que las reglas se cumplan fuera de Palacio Nacional.
Así, cada ronda del T-MEC se contamina: en lugar de discutir aranceles y reglas de origen, se cuelan exigencias de seguridad, DEA y certificación de facto, porque la debilidad del Estado frente al narco se vuelve el verdadero punto de negociación, no el texto del tratado.