En días recientes, la fallida reforma electoral ha reavivado el debate sobre el rumbo democrático de México. Más allá del revés que representa para la presidenta Claudia Sheimbaum, la propuesta impulsada desde Palacio Nacional, pretendía eliminar los plurinominales bajo el argumento de “acercar a los ciudadanos a sus representantes”. Esta propuesta, aunque taquillera y aplaudida representa un retroceso, en un sistema como el nuestro, basado en contrapesos constitucionales, la representación proporcional es un medio de control constitucional del poder por el poder mismo. Esta propuesta lejos de fortalecer la representación, suponía un grave retroceso democrático. Los plurinominales, aunque perfectibles, han sido un contrapeso indispensable ante la hegemonía de los partidos mayoritarios, dando voz a minorías y garantizando la pluralidad en el Congreso.
Eliminar estos espacios habría significado homologar la representación política a una sola voz, debilitando la diversidad indispensable en cualquier democracia madura. El intento evidenció una visión reduccionista de la pluralidad, donde la mayoría busca acallar el disenso en vez de construir consensos. No es casualidad que la reforma tropezara con la resistencia tanto de la oposición como de voces críticas dentro de la misma cuatroté.
Este episodio revela también una contradicción profunda en el discurso oficial: se habla de “consultar al pueblo” mientras se erosionan los mecanismos que permiten que ese pueblo se vea realmente reflejado en el Congreso. Si la reforma se presentó como una forma de hacer más directa la representación, se olvidó que la democracia representativa no se fortalece suprimiendo voces, sino ampliando canales para que distintos sectores puedan intervenir en las decisiones. Los plurinominales han cumplido justamente ese papel: evitar que el poder se concentre en una sola fuerza, introducir disidencia y, en no pocos casos, obligar a la mayoría a modificar sus propuestas o explicar mejor sus intenciones.
La ruptura entre Morena y sus aliados tradicionales, el PT y el PVEM, terminó por dinamitar cualquier posibilidad de consenso. Este rompimiento no solo es síntoma de desacuerdos tácticos, sino también de profundas diferencias sobre el proyecto de nación y la distribución del poder. Al perder aliados, Morena experimenta un aislamiento que puede traducirse en mayor dificultad para impulsar reformas sustanciales, abriendo la puerta a una recomposición de fuerzas en el Congreso.
El episodio deja lecciones claras: la democracia no se fortalece con la exclusión ni con el predominio de una sola fuerza. El futuro político de México dependerá de la capacidad de los partidos para dialogar y reconocer la diversidad como un valor, no como un obstáculo. La pluralidad no es un lujo, es la esencia misma de una democracia funcional. Esta fallida reforma no es un accidente aislado, sino el capítulo de un patrón autoritario que remite al priismo de los 70: un Ejecutivo que, ebrio de mayorías, codicia el control total del Legislativo.