El tratamiento del caso de Ernesto Ruffo Appel dice más del gobierno federal que del propio exgobernador. Desde el primer momento, la narrativa oficial ha sido estridente, espectacular, casi didáctica: se exhibe el expediente, se filtra información, se construye el personaje del “enemigo” y se deja que la condena mediática haga su trabajo. Todo esto ocurre antes de que un juez hable, antes de que el debido proceso pueda equilibrar la balanza. No se trata de esclarecer hechos, sino de escarmentar a la oposición.
Desde la mirada de Acción Nacional, lo preocupante no es sólo que un panista histórico sea investigado, sino el patrón que revela el caso. La justicia se enciende cuando conviene y se apaga cuando incomoda. Al mismo tiempo que se despliega todo el peso del aparato contra Ruffo, hay otros nombres que parecen gozar de una zona de confort político y jurídico. Ahí empieza la justicia selectiva: no en el expediente concreto, sino en la diferencia de trato.
Los casos de gobernadores como Rubén Rocha Moya en Sinaloa o Marina del Pilar en Baja California son un ejemplo incómodo. En torno a ellos se han documentado señalamientos por uso discrecional de recursos, opacidad en contratos y decisiones que huelen a conflicto de interés. Sin embargo, la reacción del gobierno federal ha sido tibia, lenta o simplemente inexistente. No hay cateos espectaculares, no hay conferencias mañaneras construyendo villanos, no hay filtraciones diseñadas para destruir reputaciones. Donde gobierna Morena, la prudencia es la regla; donde gobierna la oposición, la dureza se vuelve virtud.
El mensaje es claro y peligroso: la ley no es el límite común, sino el arma del grupo en el poder. Se manda la señal de que ser aliado del oficialismo protege, mientras que ser crítico lo vuelve vulnerable, independientemente de los hechos. Con ello, se erosiona la confianza ciudadana en las instituciones y se normaliza que la justicia tenga color de partido. No se está construyendo un país más honesto, se está construyendo un país más temeroso.
Defender el debido proceso en el caso Ruffo no es exculparlo ni canonizarlo. Es exigir que el Estado trate igual a todos, que abra investigaciones donde haya indicios, sin mirar la credencial partidista, y que deje de usar los expedientes como herramienta de propaganda. La verdadera prueba de un gobierno que dice combatir la corrupción no está en cuántos opositores exhibe, sino en cuántos aliados investiga con la misma transparencia y contundencia. Mientras eso no ocurra, la justicia seguirá estando, lamentablemente, a modo.