El caso de Rosendo Radilla Pacheco marcó un antes y un después en la lucha por los derechos humanos en México. Radilla, activista y compositor, fue detenido y desaparecido por fuerzas militares en Guerrero en 1974, lo que llevó a la condena del Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este caso evidenció la obligación del Estado de investigar, sancionar y prevenir la desaparición forzada de personas, un crimen que afecta a miles de familias y cuya impunidad sigue siendo una herida abierta en la sociedad mexicana.
Jurídicamente, el control de convencionalidad implica que todas las autoridades mexicanas deben interpretar y aplicar las leyes conforme a los tratados internacionales de derechos humanos. México, al suscribir convenciones como la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, asumió el compromiso de adoptar medidas efectivas para erradicar este delito. Esto obliga al país no solo a adecuar su legislación, sino a garantizar que las acciones del Estado estén alineadas con estándares internacionales, fortaleciendo el marco jurídico para proteger a las víctimas.
A pesar de estos compromisos, el Estado mexicano ha mostrado un claro desdén ante el reciente informe de la ONU sobre desapariciones forzadas. El informe destaca la persistencia del fenómeno y la falta de resultados concretos, pero la respuesta oficial ha sido evasiva y defensiva. En lugar de reconocer la gravedad del problema y trabajar en soluciones, el gobierno ha preferido minimizar las observaciones internacionales, ignorando recomendaciones fundamentales para atender la crisis y proteger a quienes buscan a sus familiares desaparecidos.
La administración actual ha caído en omisiones graves y en el maquillaje de datos para presentar avances ficticios. El registro de personas desaparecidas ha sido manipulado, borrando nombres y cambiando criterios con tal de reducir cifras. Esta estrategia no solo falsea los logros, sino que perpetúa la impunidad y la falta de justicia para las víctimas. La falta de transparencia y de voluntad política para abordar el problema de fondo representa una traición al mandato de proteger los derechos humanos y a las familias que esperan respuestas.
Ante este panorama, la oposición y la sociedad civil tienen el deber ineludible de exigir claridad y acciones contundentes al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Es momento de romper el silencio, fiscalizar las políticas públicas y demandar resultados verificables. Solo a través de la presión constante y la participación activa se podrá revertir la tendencia de desapariciones forzadas y obligar al Estado a cumplir con su responsabilidad histórica.
La lucha por la verdad y la justicia no puede depender de maquillajes, y menos de los montajes de los que tantas veces la hoy cuatroté se quejó e implementa con singular facilidad; la evolución del Estado mexicano de Rosendo Radilla a Claudia Sheimbaum parece ir en un retroceso democratico, digno de una pelicula de Luis Estrada.