Acto I. El laboratorio que nadie debía ver. En Chihuahua, el gobierno de Maru Campos localizó y desmanteló en Parral una instalación clandestina con capacidad estimada para producir hasta cien kilogramos diarios de metanfetamina. La operación combinó inteligencia estatal, vigilancia aérea y coordinación con la Defensa; no fue un montaje con humo, sino un sitio con químicos, precursores e infraestructura. Sin embargo, el golpe pareció incomodar más en ciertos salones políticos que en los del crimen: cuando una administración opositora exhibe resultados, la reacción oficial suele empezar por revisar el protocolo, no por celebrar que cien mil dosis potenciales dejaron de circular.
Acto II. El protegido que dice no estar protegido. En Sinaloa, Rubén Rocha Moya enfrenta señalamientos provenientes de autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con Los Chapitos; él los niega, compareció ante la FGR y afirma no contar con resguardo federal. La presunción de inocencia debe respetarse, faltaba más. Pero también la obligación de investigar sin compadrazgos. Aquí la duda pública no nace de una sentencia, sino del reflejo partidista: antes de pedir cuentas, se cierra filas; después se invoca a la ultraderecha; y, de postre, se sirve soberanía.
Acto III. La soberanía de utilería. El discurso oficial convierte cualquier colaboración incómoda en intromisión extranjera, pero usa el derecho como biombo cuando toca actuar contra estructuras criminales o investigar a figuras cercanas. Nadie propone saltarse la ley: precisamente se exige aplicarla. Soberanía no es tapar expedientes con la bandera ni confundir debido proceso con parálisis selectiva. Cuando la norma se vuelve escudo para los señalados y laberinto para quienes combaten al delito, deja de ser prudencia y empieza a parecer soberbia con membrete.
Acto IV. La primera piedra y la piedra en el zapato. En Querétaro, nuestro gobernador Mauricio Kuri y el embajador estadounidense Ronald Johnson colocaron la primera piedra de una academia internacional de capacitación policial, con inversión superior a treinta millones de pesos y cooperación para profesionalizar corporaciones. La Federación reclamó que el proyecto debía pasar por Cancillería y el grupo de alto nivel correspondiente; el trámite habrá de cumplirse. Pero la escena resume la paradoja: mientras unos ponen academias, tecnología y coordinación sobre el terreno, otros ponen objeciones, adjetivos y conferencias sobre la mesa.
La oposición no merece cheques en blanco, pero en estos episodios ha apostado por acciones verificables para preservar la seguridad y el Estado de derecho. El oficialismo, en cambio, corre el riesgo de usar la soberanía como coartada y la legalidad como freno de mano. Y así, entre laboratorios desmantelados, aliados bajo sospecha y policías por capacitar, México pasa de defender su soberanía a padecer la soberbia de quienes creen que la ley sólo cuenta cuando les conviene.