En México, donde la educación suele invocarse en discursos solemnes y olvidarse en decisiones concretas, la SEP protagonizó esta semana un episodio de comedia: anunció con fanfarria la suspensión temprana de clases por calor sofocante y Mundial de futbol. Palacio Nacional ni estaba enterado de que ya era una decisión tomada, y en menos de una semana la canceló como si el asunto nunca hubiera existido. No es un lapsus burocrático; es la esencia de la 4T: inventar el incendio para luego aplaudirse por apagarlo. Mientras, millones de chavos en rezago educativo pagan el precio de esta improvisación con mayúsculas.
Los datos no permiten frivolidades. En 2024, 24.2 millones de personas en México se encontraban en rezago educativo, y entre niñas, niños y adolescentes de 3 a 17 años la cifra alcanzó 3.4 millones. A eso se suma un problema de desempeño que desde hace años golpea lectura, comprensión y matemáticas. Diversos diagnósticos recientes advierten que apenas una parte de los estudiantes logra consolidar habilidades básicas, y especialistas han alertado que quitar entre cinco y siete semanas de clase no corrige esa fragilidad: la profundiza. En un país que todavía arrastra aprendizajes perdidos por la pandemia, cancelar tiempo efectivo de aula no es un ajuste menor; es un mensaje político devastador.
La ironía es cruel: mientras el gobierno federal repite que la educación es prioridad, la práctica sugiere que también es perfectamente sacrificable. Si faltan escuelas con ventilación, sombra, agua o infraestructura mínima para enfrentar temperaturas extremas, el remedio no debería ser vaciar los salones, sino atender el abandono. Si el Mundial altera la operación urbana, la tarea de un Estado serio sería planear, coordinar y proteger el derecho a aprender, no pedirle a la escuela que se haga a un lado para no estorbar. Gobernar no consiste en mover fechas como quien cambia la hora de una comida familiar.
Lo más preocupante no era sólo la suspensión anticipada, sino lo que revela: una alarmante falta de visión educativa y una evidente descoordinación entre la Presidenta y la Secretaría de Educación. El 30 de abril el titular de la SEP avisó de cambios en el calendario; el 7 de mayo en la Reunión Nacional de Conaedu se anunció adelantar el fin de las clases; el 8 de mayo la Secretaría detalló fechas sin tener visto bueno de la Presidenta; el 11 de mayo la Presidenta dijo que se trataba de una propuesta que debía reevaluarse y el mismo 11 de mayo la SEP dijo “usted disculpe, que siempre no”.
Si desde un frente se modera o matiza el anuncio y desde otro se ejecuta con prisa, el resultado no es liderazgo, sino desconcierto. Y el desconcierto, en política educativa, siempre lo pagan los mismos: los estudiantes. En un sistema ya debilitado, cancelar clases no es administrar una contingencia; es institucionalizar la renuncia. Y pocas cosas resultan más caras para un país que acostumbrarse a educar menos y justificarlo mejor.
En fin, en los tiempos de simulación y cajas chinas, la estrategia política puede remitirse a cancelar clases y cosas peores, pobre país, tan cerca de Morena y tan lejos de las aulas.