Hay iniciativas que nacen con buen pie y terminan cojeando de ambas piernas. La propuesta presidencial sobre los “derechos de las audiencias” es de esas: suena noble, pero en los detalles se le nota la costura autoritaria.
Lo primero que llama la atención es el timing. En plena consulta pública, cuando la prensa independiente ha encontrado en el periodismo de investigación su mejor arma contra la opacidad oficial, llega el gobierno con un manual para “proteger” a las audiencias de la información falsa, descontextualizada o históricamente desactualizada. Suena a manual de redacción, pero huele a manual de censura.
La consejería jurídica del Ejecutivo Federal insiste en que el objetivo es garantizar información veraz, plural y oportuna. Todo muy sensato, salvo por un detalle incómodo: ¿quién define qué es veraz? Según los lineamientos, será la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) la última instancia para resolver controversias y definir sanciones. El problema es que esa misma comisión depende, en la práctica, del Ejecutivo. Es como pedirle al árbitro que también sea el entrenador del equipo local.
Otro “detalle” es que las obligaciones recaen sobre los medios tradicionales (radio, televisión abierta y de paga), mientras que las plataformas digitales y la prensa escrita quedan fuera. Traducción: los concesionarios, que ya viven de las migajas publicitarias oficiales, ahora tendrán que sumar un defensor de audiencias, un código de ética y el riesgo de multas “obscenas” si se atreven a difundir un trascendido incómodo. Mientras tanto, TikTok, YouTube y X siguen siendo territorio libre para la posverdad.
Lo que preocupa es que, aunque el documento dice que no se restringirá la libertad editorial, en la práctica abre la puerta a criterios discrecionales que pueden callar voces incómodas. En un país donde la autonomía de los órganos reguladores es más un deseo que una realidad, entregarle al gobierno la llave de la “verdad” es un riesgo innecesario.
Desde Presidencia defienden la iniciativa diciendo que busca ampliar las avenidas de la libertad de expresión. Pero la libertad no se amplía con multas ni con defensores nombrados bajo la sombra del poder. Se amplía con transparencia, con datos abiertos y, sobre todo, con un periodismo que pueda investigar sin miedo.
Al final, la paradoja es evidente: un gobierno que eliminó al INAI y centralizó la transparencia ahora se presenta como el gran defensor de las audiencias. Como si la mejor manera de proteger al público fuera ponerle un candado al micrófono.
Que la consulta pública sirva para algo más que el trámite. Porque si no hay pluralidad ni consensos reales, la protección de las audiencias se convertirá en lo que siempre ha sido en México: un pretexto para sancionar a quien se atreve a disentir.