El Gobernador Mauricio Kuri puso sobre la mesa un tema que muchos políticos prefieren mantener debajo de ella: la posibilidad de que personas vinculadas con el crimen organizado lleguen a las boletas electorales. Kuri propuso dialogar con los partidos para construir un protocolo que impida la postulación de “narcocandidatos” y solicitó a la ciudadanía presionar a las dirigencias para aceptar el acuerdo. La Secretaría de Gobierno sería la encargada de abrir esa interlocución.
El gobernador ha sido claro: no busca politizar el asunto, sino cuidar al estado. Por eso planteó abrir un diálogo con las fuerzas políticas y revisar los mecanismos disponibles para quienes aspiren a un cargo de elección popular rumbo a 2027. También pidió que sea la ciudadanía la que presione a los partidos. En otras palabras, la responsabilidad no debe recaer únicamente en el gobierno: las dirigencias tienen que explicar a quién postulan, de dónde provienen sus recursos y qué relaciones mantienen.
La propuesta de ampliar el esquema “3 de 3” a un “6 de 6”, con revisiones adicionales sobre consumo de drogas y una prueba de polígrafo aplicada por una instancia independiente, puede perfeccionarse.
Desde luego, ninguna prueba es infalible. Un polígrafo no sustituye una investigación financiera ni una revisión de antecedentes. Será necesario que el protocolo incorpore información patrimonial, fiscal, judicial y electoral; revisar el origen del financiamiento y establecer sanciones para quien oculte vínculos o reciba dinero del crimen.
Sinaloa ofrece una advertencia imposible de ignorar. Rubén Rocha Moya regresó a la gubernatura y permaneció apenas alrededor de un día antes de pedir nuevamente licencia. Rocha ha sido señalado en Estados Unidos por presuntos vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa, mientras la Fiscalía General de la República mantiene investigaciones sobre el caso.
La oposición, denunció un supuesto “narcopacto” entre Morena y la presidencia. La acusación deberá probarse, pero el episodio confirma algo elemental: cuando hay opacidad, las sospechas ocupan el lugar de la información. Y cuando un gobernante intenta volver al cargo sin consenso político ni explicación suficiente, la confianza pública se desploma en tiempo récord.
Querétaro no tiene por qué esperar una crisis semejante para establecer filtros. La prevención no es alarmismo; es responsabilidad. El Gobernador Kuri acierta al convocar a los partidos antes de que las candidaturas estén definidas y al pedir que el acuerdo sea plural, público y verificable.
La verdadera prueba no será el polígrafo, sino la voluntad de las dirigencias para revisar a los suyos. Porque el narco no necesita ganar una elección para influir en ella: a veces le basta con escoger al candidato. Y si los partidos se niegan a cerrar esa puerta, después no podrán decir que nadie les advirtió.