El lunes 1 de septiembre de 2025, comenzará una nueva etapa en los Poderes del Estado en México.
En una situación insólita, el Poder Judicial estará conformado con ministras, ministros, magistradas, magistrados, juezas, jueces e integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial que llegan después de la votación del domingo 1 de junio, tras un proceso extraordinario que inició en febrero de 2024.
Por primera vez en la historia política y social de México, los tres Poderes del Estado mexicano tendrán integrantes o representantes resultado de procesos electorales.
Dentro de la formalidad jurídica y política, se trata de algo histórico. Más allá de entrar en polémica si se trata de “retroceso” o “avance” (que puede motivar otros análisis o artículos), por las insuficiencias y particularidades del proceso de reforma que derivó en la elección de 5 ministras y 4 ministros para la Suprema Corte de Justicia (SCJN); el 1 de septiembre de 2025 está cargado de símbolos.
Hugo Aguilar Ortiz, de origen mixteco –indígena- y el sur del país, fue el candidato más votado para la SCJN, con 6 millones 5 mil 181 votos, entre todas las personas que contendieron para llegar a la máxima institución del Poder Judicial.
De acuerdo con las potenciales negociaciones o acuerdos, él podría asumir como presidente de la Corte para el inicio de este nuevo periodo.
Otro símbolo: son mujeres la mayoría de las personas electas para los cargos que estaban en las boletas de votación. Además, al cierre de esta edición, notas periodísticas de medios nacionales publicaban que la senadora Laura Itzel Castillo será la presidenta de la Mesa Directiva en la Cámara Alta, a partir del primer minuto del 1 de septiembre.
Con Claudia Sheinbaum Pardo como Presidenta de la República, una mujer en la Presidencia del Senado y mayoría de mujeres en el pleno de la SCJN, también tiene una carga o dosis de simbolismo.
El periodo de Gerardo Fernández Noroña como presidente del Senado, que culmina el domingo 31 de agosto, estuvo enmarcado en el proceso de Reforma al Poder Judicial, además de las polémicas que lo acompañan por su propia personalidad y momentos de bravuconería que tiene.
Volvamos la mirada y la atención a la Suprema Corte de Justicia: Hacer balance y crítica de los 30 años (1995-2025) de la Corte, a partir de los cambios que impuso Ernesto Zedillo desde la Presidencia, es útil para exigir a las ministras y los ministros que asumen cargo el lunes 1 de septiembre.
En lo que respecta a Derechos de las Audiencias, las resoluciones y decisiones del pleno de la Corte fueron a favor de las audiencias, pese a presiones o enojos de los medios de comunicación y concesionarios.
Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (AMEDI), publicó el artículo de opinión titulado “SCJN: su legado de derecho a la información”.
En el texto publicado en Proceso, el especialista identifica tres momentos, entre 2007 y 2017, cuando la Suprema Corte decidió en favor de las audiencias.
El primero fue en 2007, cuando gracias a una acción de inconstitucionalidad y lucha jurídica encabezada por Javier Corral –entonces panista- y Manuel Bartlett, entre otros senadores del periodo 2000-2006, para echar abajo reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión que se conocen como “Ley Televisa”.
Después vino una decisión sobre la “tarifa cero”, en la que defendió las atribuciones del entonces Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), órgano constitucional autónomo que emanó de la reforma a la Constitución en 2013.
La última defensa sobre el tema, pero la más valiosa, ocurrió en 2017-2018 cuando invalidó modificaciones que habían realizado legisladores federales del PRI y PAN, principalmente, a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en el capítulo sobre Derechos de las Audiencias.
Profesor de la UAQ y periodista