Para mi amigo Toño, por su calidad y trabajo periodísticos
Los daños que están provocando los trabajos y las detonaciones de la minera “Peña de Bernal”, perteneciente al grupo “Starcore International Mines LTD”, en la comunidad de San Martín, municipio de Colón, deberían ser motivo de preocupación y acción por parte de los diferentes niveles de gobierno, no solo el municipal, sino también el estatal y el federal.
El CUPI publicó y visibilizó, gracias a un trabajo de la fotoperiodista Miriam Martínez y de Morel Luna, las exigencias y la preocupación de los habitantes de la comunidad que ya sufren grietas en sus viviendas, hundimiento en las montañas cercanas, así como secuelas psicológicas en los niños, ante el ruido de las 200 detonaciones que llegan a escuchar diariamente.
El comisariado ejidal, Ruperto Hernández Uribe, denunció que las autoridades y los representantes de la minera –de capital canadiense- no han hecho caso a sus peticiones, durante una entrevista con la periodista Lourdes Durán el viernes 9 de febrero. En representación de los habitantes que manifiestan inconformidad y buscan encontrar una solución a la problemática que viven, don Ruperto puntualizó incluso que desde finales 2017 se inició un juicio agrario para describir y evidenciar los daños que han provocado los trabajos de la minera en zonas aledañas a la comunidad, que tiene cercanía con Bernal.
Si bien el alcalde Alejandro Ochoa Valencia (PAN) ya expresó algunas palabras al respecto, y prometió sanciones contra la empresa minera. El trabajo publicado desde el jueves 31 de enero por el CUPI mostró los vacíos, la indiferencia y las omisiones de las diferentes autoridades que tendrían relación y competencia con estos hechos y problemáticas. ¿Qué está haciendo el gobierno estatal, a cargo de Francisco Domínguez Servién, para solicitar, exigir y, de ser posible, sancionar a la minera? ¿Por qué no se ha presentado algún trabajador de dependencias estatales (Secretaría de Gobierno, Desarrollo Sustentable y Desarrollo Agropecuario, por ejemplo) para dialogar con y apoyar a los habitantes? ¿Qué procesos e investigaciones se podrían iniciar contra exgobernadores?
Por otro lado, ¿qué han realizado las delegaciones de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) al respecto, tanto durante el gobierno de EPN como lo que llevamos de la Presidencia de López Obrador? Porque los trabajos y las detonaciones de la minera inciden directamente en el medio ambiente y los recursos naturales de la región. ¿Bajo qué argumentos y razones se les concedió el (los) permiso (s) para operar en la zona? ¿Qué delegados, delegadas, regidores y autoridades justificaron la instalación y el trabajo de la minera? ¿Qué medidas se van a ejecutar para respetar las denuncias de los habitantes y darles cauce jurídico legal correspondiente, sin represalias ni consecuencias?
Volvamos al foco de atención en la calidad de vida de los habitantes. La organización de la población de San Martín, municipio de Colón, se ha notado y han mostrado su capacidad: además de acercarse con distintas autoridades (Municipio de Colón, LIX Legislatura) también ya realizaron lo que denominaron una “huelga de hambre pacífica” para mostrar su inconformidad y que volteen a ver sus denuncias.
El comisariado ejidal y habitantes señalaron que la minera ha enviado diferentes representantes o emisarios las dos veces que han visitado la comunidad, y quiere deslindarse de su responsabilidad por los daños al decirles que las grietas y hundimientos de sus viviendas ya los tenían antes o se deben a otros factores.
Mientras esto ocurre y los habitantes padecen las consecuencias de las detonaciones de la minera que opera en la zona, las autoridades siguen sin actuar al respecto, ya no digamos sancionar a la empresa de capital canadiense. ¿Hasta cuándo?
Para más detalles, puede consultar la página web del CUPI fcps.uaq.mx/cupi/index.php o las cuentas de Facebook y Twitter del Centro, donde se publicó la nota
Coordinador del CUPI