La detención del exprocurador Jesús Murillo Karam y las órdenes de aprehensión contra 83 elementos militares o civiles en indagatoria por la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014, cimbraron la esfera política nacional, causaron estrés en redacciones de medios de comunicación. También abrieron luz para una justicia ‘encuartelada’ hace casi 8 años.
Ambas acciones realizadas el viernes 19 de agosto por la Fiscalía General de la República (FGR), un día después del Informe proporcionado por Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob; son significativas para la procuración de justicia pendiente. Provocarán más cobertura informativa, por la relevancia periodística y política que tienen los hechos, que podría alcanzar a políticos y exgobernadores de distintos partidos.
También habría que analizar estas acciones bajo la mirada del ‘timing político’: llegan un mes antes de que se cumplan 8 años del hito que marcó el sexenio de Peña Nieto el 26 de septiembre de 2014; y que las acciones de la Fiscalía ocurren en el marco del incremento de ataques y “terror” de grupos delictivos contra la población civil en cuatro estados del país.
La historiadora Blanca Gutiérrez Grageda destacó la relevancia del Informe presentado por Alejandro Encinas. Implicó “navegar en las aguas profundas de las cloacas mexicanas (…)” y enfrentarse a “lo peor de la miseria humana que caracteriza al sistema político del antiguo régimen”.
“Un expediente que consta de más de 50 mil documentos (…) 17 mil sesiones de audio y transcripciones, ejemplifica con claridad el nivel de descomposición del Estado mexicano amalgamado con el crimen organizado, mismo que dio lugar a esa tragedia, digna del régimen nazista.
“El trabajo realizado por quienes integran la Comisión de la Verdad y sus equipos de apoyo ha sido extraordinario, valiente y exhaustivo. Miles de documentos analizados, audios escuchados, cientos de consultas realizadas en archivos históricos y de inteligencia de los órganos represivos del Estado, entrevistas (…) análisis de llamadas telefónicas y demás, conforman la labor hasta hoy emprendida”.
De acuerdo con un reportaje de Lydiette Carrión, texto cuya fuente de información principal es el documento del Informe, los trabajos de la Comisión de la Verdad permitieron tener “indicios, pruebas, documentos y testimonios, que apuntarían a que los 43 estudiantes que fueron víctimas de desaparición forzada fueron entregados a al menos 3 grupos criminales distintos y sufrieron destinos diversos”.
Así, la “verdad histórica” fabricada por Murillo Karam no se sostiene. Se exhibe la gravedad de cómo los grupos criminales “distintos” son un poder fáctico en Guerrero, además de la tristeza y el llanto en familiares de las víctimas, al asentar que no hay posibilidad de encontrarlos (as) con vida.
Lydiette Carrión y el reportaje publicado en “Pie de Página” destacan otro hallazgo del Informe: seis estudiantes no fueron ultimados la noche del 26-27 de septiembre de 2014.
“El testigo mencionado señalaría que la célula criminal que mantuvo con vida a estos seis estudiantes, estaba dirigida por un individuo identificado como El Coronel. Todo esto, ocurría en un contexto en el que autoridades y criminales borraban los rastros de los hechos criminales de la noche de Iguala”.
Más allá de las críticas y dudas en actuar del gobierno federal, pertinentes porque permiten el escrutinio de lo público, antes de calificar como “novela” o “show” lo realizado por la FGR se pondere la importancia de los hallazgos, el contenido del Informe y demos seguimiento al caso.
Periodista y profesor de la UAQ
