La desaparición de cinco jóvenes en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, ha sido un hecho que gracias a la cobertura de medios de comunicación y las acciones de la población, ha permanecido en la agenda pública y periodística.

La tragedia ha mostrado la indolencia de los gobiernos federal y estatal (Jalisco), a cargo de Morena y Movimiento Ciudadano, respectivamente.

Considero que debería generar iniciativas, transparencia, compromiso y seguimiento de cada gobierno estatal por contrarrestar esta problemática en su respectivo territorio.

Jalisco se ha convertido en un estado con cada vez más casos y registros de desaparición de personas. ¿Cuál ha sido la “respuesta” de la autoridad estatal? Minimizar la problemática, culpar o acusar tanto a colectivos como a madres buscadoras, sobre todo con la llegada de Enrique Alfaro en 2018.

El panorama en Querétaro y la “respuesta” de sus autoridades, también entre comillas, no cambian mucho en comparación a Jalisco. Aunque la cantidad de personas desaparecidas y el aumento proporcional no se comparan a los números de Jalisco, es una problemática social que los gobiernos del PRI y PAN han minimizado u ocultar.

Tan está presente el problema que los datos de crisis forense (personas o cadáveres sin identificar) ya también alcanzó a Querétaro, de acuerdo con un informe de 2021. Además, familiares de personas desaparecidas en el estado y colectivos volvieron a denunciar las omisiones, falta de garantías y la actitud pasiva de la clase gobernante.

Querétaro es el único estado donde familiares de personas desaparecidas no se sienten seguros (as) en donde se encuentran, porque la Secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía Gutiérrez, declaró públicamente el lugar específico donde estaban alojados, advirtió Yadira González, coordinadora de los colectivos “Desaparecidos Querétaro” y “Unidad Siempre Buscando”.

Consideró que las palabras de Murguía Gutiérrez son un asunto “grave” de seguridad porque las y los colocó en situación de riesgo o peligro.

“Precisamente por eso es que nosotros no hacemos público en dónde vamos a estar, mucho menos dónde estamos alojando a las familias”, señaló el miércoles 16 de agosto, antes de una marchapor el Centro Histórico.

Por un lado, recordar-denunciar las omisiones de la autoridad en el primer cuadro de la capital. Además, documentos, informes y acciones de años recientes que evidencian la gravedad de la problemática en Querétaro.

La búsqueda de cadáveres y osamentas en posibles fosas clandestinas en la comunidad de Santa Catarina, en la delegación Santa Rosa Jáuregui (2022); y el paraje “Barranca de los Zúñiga” (límites de Amealco de Bonfil con San Juan del Río, 2021) deberían haber provocado, mínimo, interés y compromiso tanto del fiscal Alejandro Echeverría como del gobernador Mauricio Kuri, por trabajar e informar a la población sobre las desapariciones en Querétaro.

Un tercer elemento: en Querétaro se habían encontrado 237 cadáveres de personas “sin identificar” hasta 2021, de acuerdo con el Informe “La crisis forense en México: más de 52,000 personas fallecidas sin identificar”, elaborado por 74 colectivos de familiares de personas desaparecidas en el país y siete organizaciones “acompañantes”.

Importante: el problema de personas desaparecidas en Querétaro no va a resolverse con más fotos o ruedas de prensa donde aparezcan sonrientes el gobernador, la Secretaria de Gobierno o los alcaldes, en medios de comunicación… Ni con una candidatura de Murguía Gutiérrez al Centro Cívico.