El viernes 1 de septiembre comienza una serie de informes de gobierno. Cada uno tiene la obligación constitucional de entregar y rendir cuentas de lo que ha realizado su respectivo gobierno en el último año. Como parte de esta obligación, deberían informar y mostrar documentos del gasto que con recursos del erario han hecho vía publicidad en medios de comunicación.

La publicidad gubernamental en medios de comunicación (prensa escrita, radio, televisión, cine, portales informativos) no es la única vía por la cual ingresan recursos públicos —que son de todos— a los medios de comunicación.

También están las notas pagadas, los convenios diversos y las entrevistas “a modo” o en condiciones de comodidad para los políticos. Habría que recordar al respecto las apariciones en televisión de Enrique Peña Nieto y Marcelo Ebrard en secciones de programas matutinos como “Hoy” o “Venga la alegría”, en sus etapas de gobernador y jefe de gobierno del Estado de México y el Distrito Federal, respectivamente.

Incluso, el descaro de las entrevistas era cuando Peña Nieto y Ebrard aparecían “casualmente” a cuadro junto con conductoras mientras ellas daban recetas de cocina.

La clase política a nivel nacional y estatal parte de la premisa que tiene más importancia cuidar su imagen en medios de comunicación, que destinar recurso público a rubros como educación, salud y empleo.A nivel federal, los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto han despilfarrado miles de millones de pesos en medios de comunicación, que se reflejan tanto en el manejo de información que les favorece, la ausencia de crítica y cuestionamientos hacia ellos —cuando son funcionarios— por sus errores, equivocaciones y omisiones, como en priorizarles espacios para entrevistas.

En Querétaro la situación no cambia. Desde el sexenio de Francisco Garrido (2003-2009), el gasto hecho con recursos del erario en medios de comunicación ha aumentado significativamente. El semanario universitario Tribuna de Querétaro, que dirige Víctor López Jaramillo —articulista de este medio— mostró y publicó que despilfarró 555 millones en 5 años (es decir, un promedio que supera los 100 millones de pesos anuales).

Con José Calzada Rovirosa, el modelo se repitió y, de lo poco que se conoce, es lo que ha evidenciado la ESFE en la revisión de las cuentas públicas. Sólo de las irregularidades detectadas en 2013 hubo 10 millones de pesos que fueron a parar a medios de comunicación de la entidad por parte del gobierno estatal.

A esto habría que añadir y solicitar una investigación a fondo del lamentable #PutarracoGate, donde Jorge López Portillo Tostado, quien terminó siendo “premiado” con la gubernatura, expresa que hubo programas o segmentos “pago” en estaciones radiofónicas para que no se hable sobre la inseguridad en el estado.

A propósito, ¿qué ha investigado la Secretaría de la Contraloría del gobierno de Francisco Domínguez Servién al respecto en estos casi dos años del sexenio? ¿Ha realizado algo? ¿Tiene sanciones contra los responsables?

Durante todo septiembre, tenemos que exigir, constante y puntualmente, al gobernador Francisco Domínguez, los alcaldes (Mauricio Kuri, Mario Calzada, Marcos Aguilar, Guillermo Vega, por decir algunos nombres) y las alcaldesas (Beatriz León, Celia Durán, por señalar dos ejemplos) que nos informen cuánto han gastado con recursos del erario para pago de publicidad gubernamental en medios de comunicación.