Fortalecer los derechos de las audiencias es incompatible con la creación de mecanismos que pueden restringir la libertad de expresión, la independencia editorial y el derecho de todas las personas a recibir información plural”, advierte la organización internacional “Artículo 19” sobre la consulta de los Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias que realiza la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).
El anuncio oficial, realizado por el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional –en vez de integrantes de la propia Comisión-, ha generado voces de alerta, preocupación y críticas.
Primero habría que señalar o aclarar dos aspectos: 1. la figura de defensora o defensor de audiencias en cada medio de comunicación es algo necesario y pendiente de los avances democráticos en la materia; 2. Los derechos de las audiencias –en plural, no singular— deberían ser tutelados y defendidos por un órgano con independencia de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, dotado de atribuciones para hacer frente a excesos mediáticos.
Volvamos a la polémica provocada a partir del anuncio hecho en Palacio Nacional, a través de la titular del Ejecutivo federal y Luisa María Alcalde.
En Comunicación Política y el ejercicio del Periodismo, el hecho de que el anuncio relacionado con el proceso periodístico y los medios provenga desde un nivel de gobierno ya genera desconfianza y sugiere posibles riesgos.
“Artículo 19”, organización con trayectoria en defender la libertad de expresión en el mundo; y Miguel Monraz Ibarra, presidente de la Comisión de Radio y Televisión en la Cámara de Diputados federal (San Lázaro), explican los riesgos.
“El problema surge cuando la regulación empieza a incidir las decisiones editoriales de los medios. ¿Cuáles son nuestras principales preocupaciones? • Intervención en decisiones editoriales. • Medidas que privilegien una sola visión política o social del país. • Riesgo de mayor autocensura para el periodismo. • Verificación de la "verdad" donde sea la misma autoridad quien tenga la decisión final sobre qué información u opiniones son aceptables.
“Esta situación se agrava no existe una expectativa razonable de autonomía e independencia de la CRT en sus decisiones y observancia de aplicación de los lineamientos frente al Poder Ejecutivo.
“Además, los lineamientos van más allá de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión al establecer procesos, mecanismos y sanciones no previstos por el Congreso de la Unión”, publicó “Artículo 19” en un hilo de “X”.
Por su parte el diputado de la oposición (PAN) expresó: “Son muy ambiguos y peligrosos los criterios de la CRT, que no es independiente y es muy cercana al gobierno. Una autoridad administrativa quiere ser árbitro, jugador y espectador. Eso puede poner en grave riesgo la libertad de expresión y caer en la censura”.
En video publicado en sus redes, Monraz Ibarra sentenció: “Este intento de control de la información no puede ser tomado a la ligera (…) Haría un llamado respetuoso a la CRT, a retirar esta propuesta y buscar alternativas que realmente protejan a las audiencias (…)”.
Gobierno federal defiende consulta
El gobierno federal, a través de un comunicado oficial, ha buscado convencer de participar en la consulta que inició el lunes 27 de julio.
“La consulta pública que se está emitiendo es tanto para las empresas que se dedican a la telecomunicación como para las personas”, se explicó.
“La Jefa del Ejecutivo Federal puntualizó que los lineamientos no tienen relación con la censura, sino que el objetivo es la autorregulación respetando la pluralidad, ya que el derecho a la información veraz es un derecho constitucional del pueblo de México.
Profesor de la UAQ y periodista