El acceso a la justicia en nuestro país, y específicamente en el estado de Querétaro, ha tenido en los últimos años una transformación importante respecto a su forma de impartición y operación.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 21; 76, fracción segunda; 89, fracción IX; y 102, apartado A, establece que el Ministerio Público es el encargado de la persecución y la investigación de los delitos del fuero federal. Para ello cuenta con un procurador general de la República que a propuesta del Presidente es ratificado por el Senado de la República; vale la pena comentar que para efectos remoción, la facultad es exclusiva del Presidente.
En Querétaro, en el año de 1825, se determinó que los fiscales serían designados por la Legislatura local y, en 1833, se instauró como un cargo de elección popular adscrito al Supremo Tribunal de Justicia; otras modalidades descritas en otras Constituciones anteriores a la de 1917 eran que el propio Tribunal Superior de Justicia dividido en tres salas debería contar con su fiscal para cada sala.
En la Constitución de 1917 la figura del fiscal cambió para ser exclusivamente designado o nombrado por el gobernador del estado con los asegunes jurídico-políticos que hemos visto a lo largo de la historia queretana.
Ya algunos distinguidos juristas en el país han recomendado que el Ministerio Público debe contar con autonomía como una forma de garantizar a los ciudadanos que la persecución de los delitos no tenga un sesgo que viole los derechos humanos de los gobernados.
El día de ayer, el grupo legislativo de Acción Nacional presentó una iniciativa que busca revertir que el Poder Ejecutivo pueda nombrar de manera libre el cargo de procurador General de Justicia y propone la creación de una Fiscalía General del Estado que cuente con autonomía de gestión y presupuestal.
Con dicha iniciativa se busca reformar la fracción IV del artículo 17 de la Constitución local para que con las dos terceras partes de los miembros de la Legislatura se pueda nombrar a la nueva figura propuesta —es decir, al Fiscal General del Estado— a propuesta del gobernador.
Otro de los temas que busca esta acción legislativa es la de establecer que la defensoría pública en materia penal cuente con total libertad técnica para su actuación y la conformación de un organismo ciudadano que vigile su actuar.
Sin duda alguna éste será un tema que se discutirá en los próximos días por los distintos actores políticos en Querétaro; ya se ha avanzado en tópicos como la implementación de juicios orales en la entidad, y a nivel federal la eliminación de la declaración de procedencia para quitar el fuero a funcionarios públicos; me parece que para dar la certeza jurídica que los ciudadanos se merecen, es ya momento de dar este siguiente paso por el bien de nuestro estado.
Director general de ArtMol Consultores y Servicios