A Ricardo Salinas Pliego no le funcionó su coartada de decirse “perseguido” y todo porque simplemente se le pedía hacer lo que hacemos todos los comunes mortales y que es pagar nuestros impuestos.
Más allá de la narrativa que Salinas trató de imponer, sobre todo desde TV Azteca y medios afines, los datos son contundentes. Sus adeudos con el fisco datan de 2008 y de 2010, es decir, comenzó a deber desde el sexenio del panista Calderón. En el sexenio del priista Peña Nieto no solo no pagó lo que debía del sexenio anterior, sino que tampoco pagó parte de sus impuestos en 2013. La historia se repitió en el sexenio de López Obrador cuando tampoco quiso pagar sus adeudos pendientes. Es decir, sus adeudos datan de gobiernos federales de tres partidos distintos, PAN, PRI y Morena por lo que es ridículo decirse “perseguido por Morena”. Fue en los gobiernos del PAN y del PRI que el SAT entabló juicios para que Salinas pagara y estos litigios se heredaron a los gobiernos de la 4T.
Y como no hay plazo que no se cumpla, dicho plazo ya se cumplió. Con base en información de la Secretaría de Hacienda, de junio del año pasado, el número de litigios del grupo Salinas era de 32, por un monto de 74 mil millones de pesos. De esos 32 litigios, tres se llevaban a cabo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por un monto de 26 mil millones de pesos, cinco ante tribunales colegiados de circuito por un monto de 20 mil millones, 11 ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) por un monto de 8 mil millones y 13 más ante otras instancias por un monto de 20 mil millones de pesos.
El pasado 29 de enero, el SAT emitió un boletín en el que se hacia referencia a que Grupo Salinas haría un pago por poco más de 32 mil millones de pesos, de los cuales ya ingresaron a la tesorería del gobierno federal 10 mil 400 millones y el resto será cubierto en 18 pagos. En su conferencia de prensa del 30 de enero, la presidenta, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que esos pagos serían mensuales. Por lo que estaríamos hablando de pagos mensuales de alrededor de mil 200 millones de pesos.
Sin embargo, en el momento de escribir estas notas aún no se sabe a qué litigios corresponden esos 32 mil millones de pesos, por lo que habrá que esperar información oficial al respecto.
Más allá de lo que diga el empresario, como señaló la ministra de la SCJN Lenia Batres, la realidad es que se trata de un “triunfo histórico del estado de derecho” sobre un evasor fiscal.
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