El pasado 25 de marzo fue aprobado parcialmente, en el Senado, el llamado “Plan B”. Se trata de una reforma constitucional que tiene que ver, fundamentalmente, con cuestiones electorales. Al tratarse de una reforma constitucional aún se requiere la aprobación por parte del Congreso, lo que podría suceder alrededor del 8 de abril, para posteriormente pasar a los congresos estatales, en donde se requiere la aprobación en la mayoría de éstos, es decir, en al menos 17 estados de la república.
En el Senado la aprobación contó con 87 votos a favor (de Morena. Verde y PT) y 41 en contra (de PAN, PRI, MC y del ex priista “independiente”, Manlio Fabio Beltrones). El número mínimo requerido era de 86 (aunque, en realidad, es más correcto el redondeo matemático y deberían ser 85).
La reforma constaba de cinco rubros esenciales. Cuatro de ellos fueron aprobados: los ayuntamientos de los municipios tendrán un máximo de quince regidurías y una sindicatura; el presupuesto de las legislaturas locales no deberá exceder del 0.7 ciento del presupuesto de egresos de la respectiva entidad federativa; el presupuesto anual autorizado para el Senado deberá ajustarse de manera progresiva durante los cuatro ejercicios fiscales subsecuentes, con el objeto de alcanzar, al término de ese periodo, una reducción acumulada equivalente del 15 por ciento; y, finalmente, las autoridades electorales (consejeros, magistrados, secretarios titulares de órganos administrativos, titulares de áreas ejecutivas y técnicas u homólogos del INE, organismos públicos locales electorales y tribunales electorales de las entidades federativas) no podrán tener una remuneración mayor a la que percibe la persona titular del ejecutivo federal.
Estos cuatro rubros aprobados representarán un ahorro para las finanzas públicas. En el primer caso, los ahorros se quedarán en los municipios, mientras que en el segundo caso los ahorros se quedarán en los estados. El último rubro aprobado regresa a la racionalidad en salarios de la cúpula dorada de los organismos electorales, cúpula que durante años ha tenido salarios superiores a los presidentes de la república, sin tener, ni de cerca, el mismo nivel de responsabilidades.
El único rubro que no fue aprobado fue la posibilidad de que un eventual referéndum de revocación del mandato presidencial pudiera llevarse a cabo el próximo año y no hasta 2028, como señala el actual artículo 35 constitucional.
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