Como no hay plazo que no se cumpla, este próximo domingo primero de junio, por primera vez en la historia reciente de nuestro país, ciudadanas y ciudadanos saldremos a votar para elegir a integrantes de diferentes órganos del poder judicial, así y como hacemos para elegir a integrantes de los otros dos poderes de la unión, el ejecutivo y el legislativo y tal y como se hace en muchos estados de los Estados Unidos, en donde también se eligen jueces por el voto popular.
La elección más importante será la de los nuevos nueve integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), las y los cinco integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) que sustituye al actual e inoperante Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y a dos integrantes faltantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Además de lo anterior, elegiremos a integrantes de las salas regionales del TEPJF, magistradas y magistrados de circuito y juezas y jueces federales. Seis boletas en total.
Y en 19 estados de la república, Querétaro no incluido, se votará además para elegir jueces locales. En los restantes estados, Querétaro incluido, se votará por jueces locales de manera concurrente con el proceso electoral de 2027.
Esta elección llega después de un largo e intenso debate sobre ese tercer poder opaco que ha sido hasta ahora el poder judicial. Dicho debate comenzó casi desde el principio del sexenio pasado cuando la cúpula del actual poder judicial comenzó a frenar iniciativas de los otros dos poderes, considerándose a sí mismos, y de manera indebida, como un supra poder omnipotente, algo totalmente alejado de un espíritu democrático y republicano.
Por más que diga la oposición que no ha habido debate, la realidad muestra que no es así. Cada vez que el poder judicial libera a peligrosos delincuentes, ese poder está en el centro del debate. Cada vez que ese poder protege a grandes empresarios, como Ricardo Salinas Pliego, para no pagar impuestos, ese poder está a debate. Cada vez que el poder judicial actual favoreció a intereses extranjeros por encima del interés nacional, como en el caso del sector energético, ese poder estuvo a debate.
Y por más que diga la oposición, esta elección es un proceso legal, legítimo y democrático derivado de una reforma constitucional también legal, legítima y democrática.