El pasado 18 de diciembre, el director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, dio a conocer, en la conferencia diaria de la presidenta de la república, toda una serie de tramas de corrupción al interior del Instituto.
Dentro de los casos que se dieron a conocer el 18 de diciembre podemos señalar: constructoras que no cumplen con los contratos establecidos y que no sólo no se les penaliza, sino que incluso se les indemniza; financiamiento por parte del Infonavit a empresas privadas; una red delictiva que incluye a trabajadores del Infonavit, a notarios y a despachos y peritos valuadores coludidos para sangrar las finanzas del Instituto; otorgamiento de múltiples créditos para la misma vivienda (por ejemplo, 240 casas vendidas casi mil 600 veces y otro caso de 154 casas vendidas más de 900 veces); pagos millonarios a despachos para la recuperación de créditos por vía judicial; complicidad del poder judicial en juicios masivos; seguros adicionales inútiles y a espaldas de los derechohabientes; ilegal reparto de utilidades y sueldos excesivos por encima del salario de la presidenta de la república; pago por asistencia a asambleas de entre 60 y 90 mil pesos por evento, entre otras cosas.
El resultado ha sido el daño sistemático a las finanzas del Infonavit, la falta de créditos para los derechohabientes, créditos que se han disparado hasta las nubes y que se han vuelto incobrables (unos cuatro millones de créditos), embargo de casas, casas abandonadas, construcción de fraccionamientos en lugares inaccesibles, lejos de los centros de desarrollo, sin acceso a medios de transporte adecuados, sin servicios, etc.
Parte del problema se deriva de la estructura orgánica del Infonavit, el que se halla dividido en tres direcciones: la general, una del sector empresarial (en la que se hallan representantes de la COPARMEX, de la CONCAMIN y de la CONCANACO) y una del sector social de los trabajadores (en la que predominan representantes de sindicatos “charros” como la CTM, la CROC o la CROM).
Y hoy nos enteramos de que gran parte de la trama de corrupción se deriva de la complicidad entre el sector empresarial y los “representantes” de los trabajadores. De ahí la urgente necesidad de que se apruebe y comience la aplicación de la nueva ley del Infonavit que pare ya en seco este saqueo a los fondos de las y los trabajadores.
Académico de la UAQ.