El pasado 25 de febrero, la presidenta, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, presentó la iniciativa que enviará al legislativo sobre una necesaria reforma electoral en nuestro país.
La iniciativa está concentrada en 10 puntos: reducción del costo de las elecciones; cambio en la forma de elección de las diputaciones plurinominales y eliminación de las 32 senadurías plurinominales; mayor fiscalización del gasto; facilitar el voto en el extranjero; reducción de los tiempos en radio y televisión durante los períodos electorales; regulación del uso de la inteligencia artificial; eliminación del ya obsoleto PREP para que el conteo oficial comience el mismo día de la elección; ampliación de los instrumentos de la democracia participativa (referéndum, plebiscito, consulta popular y revocación de mandato) y que se permita el uso del voto electrónico.
Los otros dos puntos ya están regulados: no al nepotismo (cargos de elección popular no pueden ser heredados a familiares directos) y no reelección consecutiva en todos los cargos de elección popular a partir de 2030.
En esta ocasión, queremos tocar el punto del enorme costo de las elecciones en nuestro país, algo injustificado y que significa un despilfarro de dinero público. En un estudio comparativo publicado por la BBC, en noviembre de 2016, se muestra que el costo por votante en México en las elecciones presidenciales de 2012 fue de 25 dólares, el doble que en las elecciones en Brasil de 2014 (12.73 dólares); más del doble del costo en las elecciones norteamericanas de 2016 (11.67 dólares) y eso que Estados Unidos es el país que más gasta en sus procesos electorales en el mundo; y, de manera increíble, más de 13 veces el costo de las elecciones en Francia, también en 2012 (sólo 1.88 dólares por voto).
Datos más recientes, del “Laboratorio Electoral” (de enero de 2024) muestran que el presupuesto electoral de 2024 nos costó unos 60 mil millones de pesos. Tomando en cuenta que somos, aproximadamente, 100 millones de electores, eso implica un costo de 600 pesos por potencial elector, a todas luces un costo excesivo de 35 dólares por potencial elector. Si tomamos en cuenta que en esas elecciones sólo votó el 60 por ciento, entonces el costo por voto se eleva a mil pesos, es decir, a 58 dólares por voto, más del doble de lo que costó en 2012 y lo que no tiene ninguna justificación racional.
¿Quién puede estar en contra de que disminuya el excesivo costo de nuestros procesos electorales?