El artículo cuarto constitucional señala que en México el agua es un derecho humano y que corresponde al estado mexicano garantizar este derecho, así como definir en las leyes “las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos”.

En días pasados el congreso y el senado aprobaron la expedición de la Ley General de Aguas y reformaron, derogaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.

Más allá de lo que dice la oposición, este proceso fue legal, legítimo y democrático, derivado de las elecciones de 2024, que dieron a Morena y aliados las mayorías suficientes para aprobar leyes y reformas constitucionales.

Las leyes relativas al agua se aprobaron en el congreso el pasado 3 de diciembre con 328 votos a favor, de Morena y aliados, 131 en contra del PRIAN y de MC y 5 abstenciones.

En el senado se aprobaron el 4 de diciembre, con 85 votos a favor de Morena y aliados y 36 en contra del PRIAN y MC.

La Ley de Aguas Nacionales fue expedida en diciembre de 1992, en el sexenio del priista Salinas de Gortari, con un claro sentido privatizador. Así comenzó un proceso de entrega de concesiones a particulares, muchos de los cuales han hecho mal uso de ellas, tomando el agua como si fuera un bien propio y no una concesión.

El artículo 27 constitucional señala claramente que la propiedad del agua “corresponde originariamente a la Nación” y que “La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana”. Es necesario recordar esto porque, parece ser, que, en las discusiones sobre las reformas, tanto en el congreso como en el senado, las y los legisladores del PRIAN y de MC o desconocen la constitución o la han leído, pero no han entendido artículos que son fundamentales en cuanto al manejo del agua.

El PRIAN y MC se dedicaron a defender a acaparadores de agua (muchos de ellos militantes del PRIAN) y a traficantes de concesiones que mercadean con ellas como si el agua fuera de su propiedad.

Pero los números no les dan, dada la estrepitosa derrota que sufrieron en las elecciones del año pasado y eso es lo que en realidad los tiene molestos, a ellos y a sus corifeos.

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