El artículo 27 constitucional, vigente hasta diciembre de 2013, señalaba textualmente: “corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares…”.
Sin embargo, por la puerta de atrás, los gobiernos neoliberales del PRI y el PAN permitieron que transnacionales extranjeras comenzaran a generar energía eléctrica y la comercializaran, en una evidente violación a dicho artículo.
Todavía en el año 2000 el estado mexicano, por medio de sus dos empresas públicas CFE y Luz y Fuerza del Centro (desaparecida por Felipe Calderón en 2009), generaba el 100 por ciento de la electricidad que se consumía en el país.
Para el final de los dos sexenios panistas, de Fox y Calderón, la generación por parte del estado mexicano ya había caído al 63 por ciento, mientras que los privados extranjeros estaban ya generando el 37 por ciento restante y todo mientras se violaba de manera flagrante el artículo 27 constitucional.
Durante esos 13 años de violación a la Constitución, nadie de los que hoy en día nos quieren hacer creer que “defienden a la constitución” salió a denunciar tan grave violación.
En diciembre de 2013 el PRIAN modifica el artículo 27 para volver legal lo ilegal, para permitir los contratos con particulares y para que los particulares pudieran participar en todas las actividades de la industria eléctrica. Ampliaron el espectro de participación privada al máximo, a partir de diciembre de 2013 los particulares no sólo podían generar energía eléctrica sino también participar en la conducción, en la transformación, en la distribución y en el abastecimiento de energía eléctrica para el servicio público.
El PRIAN, de manera irresponsable y a diferencia de lo que sucede en otros países, no pusieron ningún tipo de candados en su modificación al artículo 27, ni en términos de porcentaje de participación por parte de los privados (por lo que podrían llegar al 100 por ciento) ni en términos de participación de empresas extranjeras, lo que significa que nuestro sistema eléctrico podría caer totalmente en manos de extranjeros, un sector clave para la seguridad nacional.
Con esta apertura indiscriminada a empresas extranjeras, para 2018 la participación en la generación de energía eléctrica por parte de CFE había caído ya al 52 por ciento contra el 48 por ciento por parte de los privados.
Esta es la situación que recibe el gobierno de la 4T. Había que ponerle remedio y, afortunadamente, se le está poniendo remedio.
Académico de la UAQ.