El pasado lunes, un trabajador perdió la vida después de sufrir una caída mientras laboraba en las obras del Dren Peñuelas y, antes de cualquier consideración política, hay una familia que enfrenta una ausencia definitiva. A ella corresponde nuestra solidaridad, respeto y, por parte de las autoridades y la empresa contratista, un acompañamiento que no puede reducirse a los primeros días posteriores a la tragedia.
El Municipio de Querétaro informó que el trabajador contaba con el equipo de seguridad requerido y anunció que dará seguimiento para que la empresa cumpla sus obligaciones laborales y lo correcto que las investigaciones determinen qué ocurrió y que no se adelanten responsabilidades, pero, portar casco, arnés o chaleco no responde, por sí solo, todas las preguntas sobre la prevención de un accidente. La obra pública suele presentarse mediante cifras: cuánto costará, qué porcentaje de avance tiene, cuándo será inaugurada (en lo que por cierto, ya van tarde) y a cuántas personas beneficiará.
En el caso del Dren Peñuelas hablamos de una inversión municipal de más de 200 millones de pesos, destinada a reducir riesgos por lluvias y proteger a miles de familias; nadie niega que sea una obra necesaria, pero, precisamente por su importancia, debe revisarse con el estándar más alto de seguridad. Una obra no está verdaderamente bien ejecutada si sus beneficios para la ciudad se construyen a costa de la integridad de quienes trabajan en ella.
Las normas mexicanas sobre construcción y trabajos en altura no se limitan a exigir equipo de protección personal, también contemplan análisis de riesgos, supervisión especializada, capacitación, procedimientos de emergencia, etc. Y por eso no es únicamente hablar sobre si el trabajador llevaba equipo o no, también hay que poner atención en si se cumplieron a cabalidad las normas.
No se trata de convertir una tragedia en disputa partidista ni de señalar culpables, se trata de comprender que cuando una autoridad contrata una obra debe conservar una responsabilidad pública: vigilar que el dinero se ejerza correctamente, que la infraestructura cumpla su objetivo y que las empresas respeten la vida y los derechos de sus trabajadores. Durante años han normalizado que la rendición de cuentas sobre obra pública se concentre en metros construidos, fechas y presupuestos, pero sabemos ¿Cuántas inspecciones de seguridad se realizaron? Conocemos el monto del contrato, pero ¿Las medidas correctivas impuestas? Celebramos la inauguración, pero ¿Cómo fueron protegidas las personas que hicieron posible la obra?
Ya no alcanza con alardear, presumir y mentir con “obras faraónicas de fotografía”, Querétaro necesita Protocolos de Seguridad y Transparencia para la Obra Pública. Todo contrato estatal o municipal debería incluir obligaciones verificables de prevención, capacitación y supervisión; los accidentes graves tendrían que activar una inspección extraordinaria; y las dependencias deberían informar, respetando las investigaciones, qué ocurrió, qué medidas se adoptaron y cómo se evitará que vuelva a suceder. También es necesario contar con un registro transparente de incidentes laborales en obras financiadas con recursos públicos para identificar patrones, corregir riesgos y evaluar a las empresas contratistas. Quien incumple reiteradamente las condiciones de seguridad no debería seguir recibiendo contratos como si nada hubiera ocurrido.
Estoy de acuerdo en que el Dren Peñuelas protegerá a muchas familias frente a las lluvias y eso es valioso, pero el progreso no puede medirse solamente por la infraestructura construida, si no también por la manera en que tratamos a las personas que la levantan. Ninguna obra puede considerarse exitosa cuando alguien no vuelve a casa.