En los últimos días ha dado mucho de que hablar una reforma significativa a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión propuesta por la Dra. Claudia Sheinbaum, misma que es “una propuesta integral de modernización del aparato burocrático, centrada en la digitalización de trámites, la reducción de la carga regulatoria y el impulso a la inversión”.

La presidenta ha sido cuestionada al respecto, sin embargo, esta medida busca proteger la soberanía informativa de México y garantizar una competencia justa en el sector de las telecomunicaciones. Como representante de Querétaro, considero esencial explicar estos cambios y su impacto en nuestra comunidad.

La reforma establece que los concesionarios de radio y televisión que transmitan propaganda de gobiernos extranjeros podrán ser multados con hasta el 5% de sus ingresos, a menos que el contenido tenga fines culturales o turísticos. Esta medida surge tras la difusión en medios mexicanos de una campaña antiinmigrante del gobierno estadounidense, la cual generó indignación por su contenido hostil y discriminatorio, aunque pareciera que al PRIAN con su firme postura de oponerse de todo y por todo, le guste esa medida.

Además, la reestructuración de los órganos que se pretenden con la reforma implica la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), para que sus funciones sean asumidas por nuevos organismos descentralizados con independencia técnica, pero bajo la supervisión de la Secretaría de Economía. Esta reestructuración busca cumplir con los compromisos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que exige la existencia de un regulador independiente en el sector de las telecomunicaciones.

En Querétaro, un estado en constante crecimiento y con una economía cada vez más digitalizada, estos cambios tendrán consecuencias positivas y contundentes, directas y mediatas. La implementación de la digitalización y simplificación de funciones, trámites y procesos, mejorará la eficiencia del aparato gubernamental general. No solo en el ámbito nacional, sino local (estatal y municipal). Es crucial garantizar que estas entidades mantengan su independencia técnica para evitar interferencias políticas que puedan afectar la calidad y equidad en los servicios de telecomunicaciones.

Las reformas representan un paso importante hacia la protección de nuestra soberanía informativa, la agilidad y eficiencia de la atención y la promoción de una competencia justa en el sector.