El Cabildo Metropolitano de Querétaro ha decidido respaldar el decreto que prohíbe la difusión de música con apología del delito en eventos públicos. A primera vista, la medida parece una acción contundente contra la violencia, pero en el fondo es un gesto vacío que pone en evidencia la falta de rumbo del gobierno municipal y estatal en materia de seguridad y desarrollo social.
Prohibir narcocorridos no reduce la violencia ni la inseguridad en nuestra capital. La evidencia es clara: los homicidios, los robos y la extorsión no cesan porque se silencie una canción.
La violencia no nace en un escenario ni en un altavoz, sino en la corrupción, la impunidad y la falta de oportunidades que desde hace años siguen siendo los verdaderos motores de la inseguridad. Mientras no se atiendan las causas estructurales, cualquier decreto será poco más que propaganda política.
La decisión también plantea un problema grave: la censura. ¿En serio un gobierno que se dice democrático debe decidir qué música escuchamos o no?
Es un retroceso que abre la puerta a que mañana se prohíba otro género, otra expresión, otra voz incómoda. Quien gobierna no debería temerle a la cultura, sino a la incapacidad de ofrecer soluciones reales a los ciudadanos. Además, el decreto es impracticable. ¿Cómo pretende el gobierno panista “revisar” todos los bares, conciertos, fiestas privadas o plataformas digitales para evitar que suene esta música? ¿También van a censurar a Spotify, YouTube, etc.? Carece de lógica operativa y se convierte en un acto meramente simbólico, mientras que en las calles de Querétaro la inseguridad sigue siendo una realidad que lastima a las familias.
La capital enfrenta desigualdad profunda: colonias sin servicios dignos, jóvenes sin oportunidades laborales ni educativas, mujeres que no encuentran protección efectiva contra la violencia. Frente a estos retos, el gobierno opta por la vía más fácil: la simulación.
La insensibilidad es evidente: la administración municipal prefiere censurar corridos que reconocer la falta de estrategias claras para enfrentar los delitos del día a día. Prefiere prohibir que construir un Querétaro más justo, con empleo, educación y espacios culturales para sus jóvenes. Prefiere dar un manotazo sobre un escenario antes que mirar de frente a las víctimas de la violencia y ofrecerles justicia.
Querétaro merece más. No necesitamos decretos mediáticos que posan para la foto, sino políticas públicas con visión, que ataquen las raíces de la inseguridad y devuelvan la confianza a quienes habitan esta ciudad.
Mientras el gobierno local siga apostando por prohibiciones en lugar de soluciones, la violencia no disminuirá y la sociedad seguirá pagando el costo de una clase política sin sensibilidad y sin capacidad.