Actualmente existe una “discusión” electoral que merece tomarse con toda seriedad, porque se trata de las reglas para la próxima elección y porque pone sobre la mesa una pregunta importantísima: ¿Cuándo tienen una oportunidad real de gobernar las mujeres?
La propuesta del Instituto Electoral del Estado de Querétaro identifica una deuda histórica en los municipios de Querétaro, El Marqués, Tequisquiapan, Colón y Amealco de Bonfil: nunca ha sido electa una mujer como presidenta municipal. Nunca.
Son municipios con peso político, económico, territorial y social que concentran población, presupuesto, crecimiento urbano y decisiones que impactan directamente en miles de familias, sin embargo, durante décadas, la máxima responsabilidad municipal no ha dejado de ser un espacio reservado exclusivamente, para los hombres. Por ello, la propuesta de crear un bloque de “brecha histórica” en la que, además de las reglas ordinarias de paridad y competitividad, los partidos políticos postulen mujeres en al menos tres de esos cinco municipios.
Se trata de una acción afirmativa: una medida temporal para corregir una desigualdad que los mecanismos tradicionales no han logrado, pero debemos dejar clara una cosa: la paridad no puede y no va a quedarse en el nombre de una candidata impreso en una boleta, postular mujeres es suficiente cuando se les manda a competir sin estructura, sin recursos, sin respaldo partidista o en lugares donde su propio partido ya decidió que no quiere ganar. La democracia no se vuelve paritaria cuando las mujeres aparecen en la papeleta electoral; se vuelve paritaria cuando pueden competir, decidir y ganar en condiciones de igualdad.
Hidalgo ofrece una enseñanza importante, ya que en 2024, su instituto electoral impulsó reglas para reservar presidencias municipales a candidaturas de mujeres en municipios donde históricamente no habían gobernado, la medida fue impugnada y los tribunales no rechazaron la idea de abrir esos espacios para las mujeres; por el contrario, reconocieron que las autoridades electorales pueden generar reglas de inclusión para garantizar un acceso efectivo a las presidencias municipales. Lo que exigieron fue algo elemental: una metodología clara, razones objetivas y una medida bien diseñada que garantizara un gobierno paritario.
La lección que nos deja nuestro vecino debe ser vista por los ojos ciegos y personas necias, no se trata de improvisar ni de copiar modelos, se trata de construir reglas sólidas, transparentes y capaces de resistir cualquier revisión jurídica. Pero tampoco se vale usar el argumento de la complejidad técnica para posponer una deuda que lleva décadas.
La reforma local debe establecer criterios públicos para impedir que las mujeres sean concentradas en candidaturas de sacrificio, cuidar que las coaliciones no se conviertan en una vía para simular el cumplimiento de la paridad y asegurar recursos, acompañamiento y condiciones de seguridad para las candidatas, porque la violencia política contra las mujeres también busca expulsarlas de la competencia. Una candidatura competitiva no es un privilegio, es el mínimo democrático que corresponde cuando se pretende corregir una exclusión histórica.
No se trata de que una autoridad decida quién debe ganar una elección pues la ciudadanía seguirá teniendo la última palabra con su voto, de lo que se trata es de que las mujeres puedan llegar a esa decisión ciudadana con posibilidades reales, no como una cuota que se cumple en el papel y se abandona en el territorio.
En Querétaro ya no alcanza con celebrar la paridad en los discursos ni con contar candidaturas al final del registro. Es momento de preguntarnos por qué, en municipios tan relevantes, ninguna mujer ha logrado llegar a la presidencia municipal mediante el voto. La respuesta no debe ser resignación ni mucho menos litigada. Es nuestro derecho.