En política, a veces olvidamos algo esencial: el poder no nace en los partidos, ni en los cargos, ni en las oficinas públicas… el poder nace en el pueblo, nace en cada persona que se levanta temprano para trabajar, en quienes pagan sus impuestos, en quienes esperan que las instituciones funcionen y que sus representantes estén a la altura de esa confianza.
Por eso, cuando hablamos de una reforma electoral, en realidad estamos hablando de algo mucho más profundo que reglas o procedimientos. Estamos hablando de a quién pertenece realmente la democracia.
Durante años, el sistema político mexicano fue construido por los caciques, con estructuras cada vez más complejas. Aparatos partidistas costosos, burocracias electorales gigantescas y mecanismos de representación que, aunque legales, muchas veces terminaron alejándose de la ciudadanía. Un ejemplo claro han sido las candidaturas plurinominales.
Diputaciones y senadurías que no pasan por el voto directo de la gente, sino por decisiones internas de los partidos.
Personas que acceden a cargos públicos sin recorrer colonias, pedir votos o buscar respaldo ciudadano. No se trata de descalificar a las personas. Se trata de preguntarnos si la democracia puede fortalecerse cuando quienes representan al pueblo no necesariamente fueron elegidos por él o no sienten la convicción de representar al pueblo que “los eligió”.
La reforma electoral que se ha discutido en México parte de una idea sencilla, pero profundamente poderosa: devolver la democracia a su origen. Significa revisar cuánto dinero público reciben los partidos políticos. Significa preguntarnos si esos recursos podrían tener un impacto mayor en la vida de las personas cuando se destinan a obras, programas sociales, educación, cultura o deporte.
Significa recordar que cada peso del presupuesto proviene del esfuerzo de millones de mexicanas y mexicanos. Cuando ese dinero se utiliza con responsabilidad, puede convertirse en una beca que permite que un joven continúe en la escuela, tenga desayuno en su mesa o zapatos para jugar. Puede convertirse en un espacio deportivo que aleje a niñas y niños de la violencia. Puede convertirse en una obra pública que transforme la vida de una comunidad.
Ese es el espíritu profundo de la reforma: reducir el peso de las cúpulas y fortalecer la voz del pueblo. Que quien aspire a representar al pueblo tenga que mirarlo de frente y rendirle cuentas desde el día 1. Que cada cargo público tenga la aprobación del pueblo, de la gente, de los que pagan impuestos para que nosotros hagamos bien el trabajo. Que la democracia no sea un arreglo entre élites, sino un ejercicio vivo que se construya desde abajo.
Las grandes transformaciones de México siempre han comenzado así: cuando la política decide volver a escuchar a su gente. Y en ese camino, cada legisladora y cada legislador tuvo la oportunidad de tomar una decisión.
Acompañar una reforma que busca regresar el poder al pueblo o quedarse del lado de un sistema que muchos mexicanos sienten cada vez más distante. La historia siempre termina poniendo las cosas en su lugar. Porque cuando una decisión política se toma pensando en la gente, el tiempo la reivindica.
Pero cuando se deja pasar la oportunidad de transformar algo que el país reclama, también queda memoria no como un reproche inmediato, ni como una confrontación innecesaria, sino como una deuda moral con quienes esperaban que su voz fuera escuchada.
Porque la democracia no es propiedad de los partidos. La democracia tiene un solo dueño.
Y ese dueño es el pueblo de México.