En los últimos años, México ha vivido una transformación profunda en la política social; no se trata solamente de ampliar padrones o aumentar montos, sino de cambiar la lógica con la que el Estado se relaciona con quienes históricamente fueron excluidos. Los programas sociales dejaron de ser herramientas clientelares para convertirse en derechos constitucionales.
Esa diferencia es precisamente la “marca de la casa”, hoy, millones de personas adultas mayores reciben una pensión universal; estudiantes de todos los niveles cuentan con becas que reducen la deserción escolar; personas con discapacidad tienen apoyos directos; jóvenes acceden a oportunidades de capacitación laboral que les permiten tener oportunidades reales de crecimiento y formación. Estos programas no pasan por intermediarios, no dependen de “gestiones” partidistas y no exigen lealtades políticas. Se depositan de manera directa y transparente. Eso es política pública con enfoque de derechos.
Los resultados comienzan a reflejarse en indicadores concretos. El combate a la pobreza no puede medirse desde la retórica, sino desde datos: incremento del ingreso en los hogares más vulnerables, reducción de la pobreza extrema y mayor acceso a servicios básicos, el fortalecimiento del salario mínimo y la expansión de los programas de bienestar han generado un piso mínimo de dignidad para millones de familias. No es asistencialismo; es justicia social.
En Querétaro, tenemos con un dinamismo económico reconocido pero existen contrastes evidentes. Presumen que hay crecimiento industrial, inversión extranjera y desarrollo inmobiliario, pero se les olvida que también comunidades rurales y zonas urbanas con rezago y olvido histórico. En ese contexto, los programas sociales federales han sido un complemento fundamenta que ha permitido que personas que no participan directamente del auge industrial tengan acceso a ingresos básicos que estabilizan sus economías familiares.
Sin embargo, resulta llamativo que algunos actores políticos del PRIAN en el estado intenten adjudicarse avances que corresponden, en su origen y diseño, a políticas federales. Es legítimo que un gobierno estatal implemente programas propios; lo que no es legítimo es apropiarse discursivamente de estrategias que no diseñó ni opera en su núcleo estructural; la pensión universal, las becas y los apoyos a personas con discapacidad son producto de una reforma constitucional y de una visión nacional de nuestra presidenta y nuestro expresidente, que transformó el paradigma social.
La tentación de “colgarse la medalla” responde más a una lógica electoral que a una evaluación honesta de competencias y eso lo hace miserable. Gobernar implica asumir responsabilidades, no reescribir el origen de las políticas públicas, si algo ha caracterizado a esta cuarta transformación es precisamente la claridad en la fuente de los recursos y en la ruta institucional de los programas. La ciudadanía sabe quién impulsó la reforma constitucional y que elevó los apoyos a para dar certeza y garantizarlos como derechos. El combate a la pobreza no puede entenderse como un “logro” aislado de la administración local, es el resultado de una política macroeconómica que fortaleció el mercado interno, de incrementos sostenidos al salario mínimo, de inversión social prioritaria y de una estrategia nacional de bienestar. Pretender fragmentar ese mérito para capitalizarlo políticamente en el ámbito estatal es lamentable.
Querétaro necesita coordinación, que los distintos niveles de gobierno trabajen de manera complementaria y que reconozcan con honestidad el origen de las políticas exitosas. El avance en la reducción de la pobreza es un logro colectivo del país, pero tiene responsables claros en su concepción y ejecución.