El pasado 2 de marzo, el Congreso de Puebla aprobó por unanimidad la Ley Monzón, una iniciativa que retira la patria potestad a los padres que cometan o intenten cometer feminicidio contra las madres de sus hijos.

Esta ley lleva el nombre de Cecilia Monzón, una abogada y activista que fue asesinada por su expareja, un político que intentó quedarse con la custodia de su hijo desde la cárcel.

La Ley Monzón es un acto de justicia para Cecilia y para todas las mujeres que han perdido la vida a manos de sus agresores, así como para sus hijos, que son víctimas indirectas de la expresión más violenta por razón de género, el feminicidio.

La Ley Monzón no sólo busca garantizar el bienestar de las infancias y adolescencias, sino también sancionar a los funcionarios públicos que sean omisos o entorpezcan la investigación de los casos de feminicidio. Con esto, se pretende evitar la impunidad y la revictimización de las mujeres y sus familias.

Esta Ley es un gran avance y un precedente jurídico en México, pues es la primera reforma de este tipo que se aprueba en un Congreso local. La diputada Mónica Silva en conjunto con activistas y otros legisladores hicieron un importante esfuerzo al elaborar el proyecto de ley y presentarlo hasta ser aprobado por el Pleno. Sin embargo, no es suficiente.

Es necesario que esta ley se extienda a todo el país, y que se implementen otras medidas para prevenir, atender y erradicar la violencia de género, que sigue cobrando la vida de 10 mujeres al día en promedio, esto de acuerdo a datos obtenidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el periodo que va de enero a octubre de 2023.

Es así como la diputada Mónica Silva y Helena Monzón, hermana de Cecilia, han emprendido una labor titánica para llevar la Ley Monzón a todo México y que sus beneficios sean una realidad. Hoy, son 27 las entidades federativas que ya han presentado la iniciativa, siete estados la han aprobado y en 20, se encuentra en trámite legislativo.

No debemos olvidar que además de fortalecer el marco normativo, también es indispensable que se fortalezcan las instituciones encargadas de impartir justicia, y que se sensibilice y capacite a la sociedad para reconocer y combatir el machismo que alimenta esta violencia.

Finalmente, la Ley Monzón es un homenaje a la memoria de Cecilia y a todas las mujeres que han sido asesinadas por el simple hecho de ser mujeres. Es también un reconocimiento a la lucha de las organizaciones y colectivos feministas que han exigido justicia y dignidad para las víctimas.

Pero, sobre todo, es una esperanza para las niñas, niños y adolescentes que viven en situación de riesgo, y que merecen una vida libre de violencia. La Ley Monzón es un paso hacia la justicia, pero no el último. Queda mucho por hacer para garantizar los derechos humanos de las mujeres y sus hijos en México.