En Querétaro, aprobamos la LEY MONZÓN, esto marca un punto muy importante en la conversación pública sobre violencia feminicida y protección a las infancias. No es una reforma más: es un espejo que obliga a mirar de frente las omisiones y la urgencia de corregirlas. En la Legislatura decidimos suspender la patria potestad de un presunto feminicida desde el momento en que es vinculado a proceso, y retirarla definitivamente cuando exista sentencia condenatoria.
Lamentablemente esta ley nace después de que Cecilia Monzón, una abogada y activista asesinada, cuyo agresor (su expareja) intentó conservar sus derechos de paternidad. Esta decisión coloca a la entidad como la doceava en el país en adoptar este tipo de medidas, alineándose con una tendencia nacional que busca cerrar vacíos legales que durante años dejaron en la indefensión a niñas y niños víctimas indirectas del feminicidio. Su caso evidenció un absurdo jurídico: aun cuando el presunto autor intelectual era su expareja, éste conservaba la posibilidad legal de reclamar la custodia del hijo que ambos compartían. El impacto nacional del caso detonó una ola de reformas estatales y la discusión de iniciativas federales para armonizar la legislación en todo el país.
A nivel nacional nuestra Presidenta se ha preocupado por el tema de seguridad y lanzó la estrategia de seguridad, se preocupa por nosotras las mujeres y nosotras, en los gobiernos de los estados, las legislaturas y presidencias municipales vamos a apoyar su lucha. Detrás de cada cifra hay una familia rota y, con frecuencia, niñas y niños que quedan en orfandad. La iniciativa federal presentada en la Cámara de Diputados busca precisamente evitar que estos menores queden bajo la tutela de quien es señalado (o sentenciado) por acabar con la vida de su madre. La propuesta plantea reformar el Código Civil federal, el Código Penal federal y leyes de protección a la niñez para que la suspensión y pérdida de la patria potestad sea una consecuencia automática del proceso penal.
La aprobación en Querétaro se inserta en este contexto nacional, pero también revela algo más profundo: la política local está comenzando a reconocer que la violencia feminicida no es un fenómeno aislado, sino un problema estructural que exige respuestas integrales. La reforma queretana no solo protege a las infancias; también envía un mensaje político claro: la violencia contra las mujeres no puede seguir tratándose como un asunto privado o familiar, sino como un crimen que desgarra el tejido social. NO DEBE MINIMIZARSE.
Querétaro ha dado un paso importante, pero la verdadera prueba será la implementación. Confío en que habrá coordinación efectiva entre autoridades y familiares, que se garantizará acompañamiento psicológico y jurídico a las infancias y que se evitará que la reforma quede como un gesto simbólico sin impacto. La política, cuando se ejerce con responsabilidad, tiene la capacidad de reparar injusticias históricas. La Ley Monzón es un avance, sí, pero también un recordatorio de que la justicia para las mujeres y las infancias no puede esperar.
