En Querétaro parece existir la necesidad de presumir crecimiento, desarrollo o estabilidad mientras que, al mismo tiempo, hay personas a las que se les niega algo tan elemental como el derecho a ser reconocidas por el Estado con el nombre y la identidad con la que viven todos los días.
El veto del Gobernador a la Ley de Identidad de Género no puede entenderse como un simple desacuerdo, es una decisión político-electoral que manda un mensaje delicado: que hay derechos que todavía pueden ponerse en pausa cuando incomodan, cuando generan presión o cuando se usan para alimentar miedo en lugar de explicar la verdad. Así como pasó con el matrimonio igualitario. Y aquí hay que decirlo con claridad: la ley aprobada no destruía familias, no afectaba derechos de terceros, no borraba obligaciones legales, no abría la puerta a abusos ni permitía que menores de edad realizaran el trámite por simple voluntad.
El texto aprobado establecía expresamente que era para personas mayores de edad y que el procedimiento se realizaría ante el Registro Civil, con requisitos, documentos y efectos jurídicos claros. Entonces el problema no fue la ley. El problema fue la narrativa construida alrededor de ella y que quieren “meter” a fuerza en la mentalidad colectiva de la ciudad.
En Querétaro ya no alcanza con defender valores mientras se ignora la realidad concreta de las personas, detrás de esta discusión no debería haber ideologías, hay vidas que deben garantizarse. Hay personas que estudian, trabajan, pagan impuestos, cuidan a sus familias, participan en su comunidad y aun así enfrentan obstáculos cada vez que un documento oficial no corresponde con su identidad.
Para muchas personas, algo tan cotidiano como inscribirse a una escuela, solicitar empleo, abrir una cuenta, acudir a una institución o pagar impuestos puede convertirse en una experiencia de discriminación o humillación. Si hablamos de calidad de vida, también tenemos que hablar de dignidad. El Estado y sus funcionarios no están para borrar a nadie, están para dar certeza, reconocer la identidad de una persona y no de vulnerar sus derechos o afectar a las familias. No cambia las obligaciones previamente adquiridas.
Por eso preocupa que una reforma discutida, votada y aprobada por el Congreso en donde está representado el pueblo de nuestro estado haya sido boicoteada con argumentos que no corresponden plenamente al contenido del dictamen. Porque una cosa es ejercer una facultad constitucional y otra muy distinta es justificarla desde una opinión personal con una lectura que genera confusión social.
Los queretanos merecen un debate público serio, que los temas sensibles se traten con responsabilidad, no con opiniones personalísimas, que las diferencias se discutan con argumentos, no con etiquetas y que los derechos humanos no dependan de cálculos políticos ni de presiones coyunturales. La pregunta de fondo no es si Querétaro está listo para reconocer derechos más bien es ¿Sus instituciones están dispuestas a estar a la altura de la realidad que ya viven miles de personas?