Aprovechando la discusión que existe en lo local y, más importante, a nivel federal, ayer en la conferencia matutina quedó asentado algo que durante días algunos han intentado distorsionar: la nueva Ley General de Aguas no nace para dividir ni para confrontar, nace para corregir décadas de abusos, opacidad y privilegios.
Hoy más que nunca, merece ser defendida con claridad, con responsabilidad y con un profundo sentido de justicia. Escuché atentamente lo que expresó nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y lo que reiteró la titular de Conagua: el agua debe dejar de verse como mercancía. Esa frase es fundamental para entender el fondo del debate: lo que está en juego no es un trámite legislativo, sino la manera en que vamos a distribuir un recurso que define la calidad de vida de las personas y el futuro de nuestros territorios.
Durante muchos años, mientras se decía públicamente que el agua era de la nación, en la práctica algunos la trataron como propiedad privada, incluso hubo quienes acumularon concesiones sin utilizarlas, quienes lucraron con el mercado ilegal, quienes captaron más allá de lo autorizado, y quienes vieron en cada litro una oportunidad de negocio; lamentablemente, esos “quienes” tienen nombre y apellido, partidista y, peor aún, tuvieron o tienen, cargo público de elección popular. O sea, llegaron ahí con la confianza de la gente que votó por ellos (y los defraudaron).
Frente a eso, esta ley pone orden, no persigue al pequeño productor ni criminaliza al campesino que riega sus cultivos; pero sí sanciona a quienes hacen del agua un negocio clandestino o un mecanismo de acaparamiento masivo, como ocurrió en casos que hoy son públicos y que ya nadie puede negar. La claridad también debe decirse: los ejidatarios pueden heredar sus tierras con sus concesiones, pueden vender su propiedad sin perder el derecho vinculado, pueden captar agua de lluvia, pueden transportar agua en pipa para su actividad agrícola. Lo que no podrán es vender agua concesionada para lucrar con ella. Y eso no es un castigo: es una medida básica de justicia.
Muchos de los temores que circulan se han alimentado deliberadamente con ruedas de prensa infundadas y sesgadas, la desinformación no nace sola; tiene intención. Por eso celebro que se haya precisado lo que esta Ley sí hace y lo que no.