Como mujer comprometida con los principios de la Cuarta Transformación y los derechos del pueblo mexicano y residente de Querétaro, celebro la histórica oportunidad que tenemos el próximo primer domingo de junio para participar en la elección de todo el Poder Judicial. Esta reforma es un paso firme hacia una justicia más cercana, transparente y legítima, aclamada, necesaria y trascendental.

 Contrario a lo que algunos “personajes” de la oposición argumentan y vociferan, la elección popular de jueces no es una ocurrencia aislada.

En países como Bolivia, Estados Unidos o Japón, se somete a votación la ratificación de sus jueces, ministros o magistrados (que conste que no considere únicamente ejemplos con gobiernos de izquierda). Estos ejemplos demuestran que la participación ciudadana en la selección de impartidores de justicia fortalece la democracia y la rendición de cuentas.

 A decir verdad, creo que eso es lo que más le pesa a los prianistas, a ellos les gustaba poner a sus cuates ahí. Quién sabe para qué.

 La reforma al Poder Judicial en nuestro país busca legitimidad y transparencia cuando se habla de permitir que jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto popular, esto aumenta la confianza y percepción de seguridad en el poder del que se habla, así como de cada una de las personas que lo conforman.

 Por otro lado, la reforma busca mejorar la administración del Poder Judicial, aumentar el personal y elevar los sueldos del personal de los juzgados, lo que podría ayudar a mejorar la eficiencia en las resoluciones y la calidad de vida de quienes pasan la mayor parte de ella, en esas oficinas.

El establecimiento de un Tribunal de Disciplina Judicial y un Órgano de Administración Judicial mejorará la rendición de cuentas y la supervisión interna del Poder Judicial.

 La oposición prianista en Querétaro (y hasta “Lo Nuevo”) se resisten al cambio, lo cual es lamentable. Que los legisladores opositores en Querétaro se empecinen con bloquear esta reforma, argumentando que participar en la elección es "validar la destrucción del Poder Judicial”, es una postura que refleja una resistencia al cambio y un deseo de mantener un sistema judicial alejado del escrutinio ciudadano.

La negativa a participar en este proceso democrático es, en sí misma, una forma de deslegitimar la voluntad popular y perpetuar un sistema que ha demostrado ser ineficiente y corrupto.

 La elección popular de jueces es una oportunidad para construir un sistema judicial más justo, transparente y cercano al pueblo.

 Es momento de dejar atrás las prácticas elitistas y opacas que han caracterizado a la oposición y avanzar hacia una verdadera democracia participativa.