El robo de hidrocarburos, conocido popularmente como huachicol, ha sido uno de los delitos más rentables y corrosivos para el Estado mexicano, no solo representa pérdidas multimillonarias para la hacienda pública, sino que financia estructuras criminales, distorsiona mercados y vulnera la seguridad energética. En este contexto, la estrategia anunciada y reforzada en las conferencias matutinas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adquiere una dimensión estructural que trasciende las administraciones y los colores partidistas.

El fenómeno no es nuevo, sin embargo, parece que, durante muchos años las tomas clandestinas en ductos de Petróleos Mexicanos eran invisibles. Casualmente desde el 2018 alcanzaron cifras históricas en distintas regiones del país encontrando múltiples tomas y, en los peores casos, generando pérdidas de vidas. Esto a lo que se le ha llamado “huachicol” (la perforación física de ductos), resultó ser un problema nacional en el que han estado manchados muchos funcionarios.

¿Dónde se ubica Querétaro en este mapa? Aunque el estado no ha figurado entre las entidades con mayor número de tomas clandestinas (como sí lo han hecho Hidalgo, Puebla o Guanajuato) su posición estratégica en el corredor industrial del Bajío lo convierte en un paso logístico sensible ya que es paso obligado para el transporte de combustibles hacia el centro y norte del país.

Por otro lado, su dinamismo industrial implica alta demanda energética, lo que obliga a mantener vigilancia constante sobre la cadena de suministro. Si bien nuestro estado no lidera las estadísticas nacionales de robo de combustibles, sí ha registrado incidentes aislados y aseguramientos de huachicol importantes.

La estrategia federal actual de nuestra presidenta ha insistido en atacar las redes económicas detrás del huachicol, esto implica coordinación con el SAT, la UIF y especialmente, la acción liderada por el secretario de Seguridad Omar García Harfuch. No se trata únicamente de detener pipas, sino de desmantelar estructuras corporativas completas, lo cual ha permitido que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional comanden las estrategias en los estados, acompañados de las corporaciones locales para erradicar ese negocio millonario e ilícito.

El combate al robo de hidrocarburos ya no puede depender exclusivamente de presencia física, sistemas de geolocalización, sensores en ductos y cruces de información digital que permiten detectar anomalías en tiempo real. Esta modernización reduce márgenes de operación para redes clandestinas. El impacto político también es relevante. Cada litro robado no solo erosiona las finanzas públicas, sino que mina la narrativa de soberanía energética. Combatir el huachicol en entidades como Querétaro, son el resultado de una política contundente y directa contra los delincuentes “de cuello blanco”.

El reto, sin embargo, no es menor. El huachicol ha demostrado capacidad de adaptación, por ello, la estrategia no puede limitarse a la reacción; debe consolidar prevención estructural, controles fiscales robustos y transparencia en la cadena energética. Ahí es donde la política pública federal y la coordinación implementada por su estrategia de seguridad con los estados determinarán el resultado. Es incómodo para el PRIAN porque se les acaban los negocios.