Como diputada, comprendo la responsabilidad de medir palabras y consecuencias, es por ello que considero que la reforma al juicio de amparo que hoy se discute no es un ajuste técnico menor: es una puerta que se abre hacia una justicia más rápida y como una oportunidad de brindar a todas y todos un proceso más rápido y un acceso a la justicia más justo.

El gobierno de nuestra presidenta está en búsqueda de la modernización: digitalizar trámites, acotar dilaciones, fijar plazos y reducir el uso faccioso del amparo. Son metas ambiciosas pues la burocracia y la lentitud perjudican a quien espera una resolución pronta, a la espera de la protección o restitución de sus derechos; pero la letra y el espíritu de la propuesta revelan riesgos concretos, para quienes gustan de hacer litigios extensos, para aquellos a quienes no les importa retrasar procesos o para quienes acuden a solicitar protección con la intención de evadir la justicia (lo cual es extraño, pues la oposición últimamente gusta de pelear por ello), prácticas como esas afectan a quienes no cuentan con recursos para litigar y a las causas colectivas ambientales, de derechos humanos y sociales que necesitan herramientas de protección efectiva.

La izquierda tiene una tarea que no puede abandonar: garantizar que todas y todos tengan acceso a la justicia, defender a las comunidades afectadas por grandes proyectos, a las personas víctimas de abusos y a quienes enfrentan cargas fiscales desmedidas requiere de un sistema judicial que sea rápido, accesible y cercano a la gente. La reforma al amparo no debe verse solo como un cambio de leyes, sino como un paso para hacer más ágil la justicia. La digitalización, los plazos definidos y la simplificación de trámites son avances que pueden hacerle la vida más fácil al ciudadano común, que hoy sufre juicios interminables y procesos desgastantes.

Claro, toda reforma genera dudas. Algunas voces señalan riesgos, y es válido escucharlas. Pero lo importante es entender que la intención de la 4T no es debilitar derechos, sino fortalecerlos quitando privilegios que durante décadas se usaron para proteger intereses particulares por encima del bienestar de la mayoría.

La política no es imponer, es dialogar, por eso, es fundamental escuchar a juristas, activistas, jueces y, sobre todo, a la gente que confía en que sus derechos estarán mejor protegidos. Modernizar el amparo no significa quitarle fuerza, significa hacerlo más claro, más rápido y justo. La transformación que estamos construyendo no puede quedarse en el papel: tiene que traducirse en justicia social. No hablamos de simples trámites, hablamos de derechos, de familias, de comunidades. Y si avanzamos con responsabilidad, esta reforma será una herramienta para que la justicia llegue más pronto y de manera más pareja.

Un país que moderniza sus instituciones y al mismo tiempo protege a su gente es un país que avanza en democracia. Ese es el espíritu de la Cuarta Transformación: poner al ciudadano en el centro y asegurar que la justicia no sea un privilegio, sino un derecho real para todas y todos.