En Querétaro, el problema del agua dejó de ser una advertencia para convertirse en una experiencia diaria. Ya no se mide solamente en estudios técnicos o en comparecencias de funcionarios; se mide en cubetas, en tinacos vacíos, en pipas pagadas por familias que ya hacen milagros para que el dinero alcance. Se mide en la angustia de abrir la llave y no saber si va a caer agua.
Nos quieren vender la idea de que estamos frente a una “crisis nueva”, como si el problema apenas hubiera surgido y los actuales actores fueran los salvadores que nos están solucionando todo. Pero la realidad, lejos de esa narrativa optimista, es mucho más cruda y preocupante. Hoy, en Querétaro, 7 de los 11 acuíferos del estado presentan una disponibilidad media anual negativa. Esto significa que la cantidad de agua que se extrae de estos mantos supera la capacidad de recarga natural del territorio.
Entre los casos más delicados destacan el Valle de Querétaro y San Juan del Río. En estas zonas, la situación es especialmente alarmante: la extracción de agua es tan alta que está deteriorando los recursos hídricos a un ritmo insostenible. El territorio no puede sostener el nivel actual de demanda, y cada año se pone peor. Así, lejos de ser una crisis repentina, enfrentamos una problemática que amenaza el bienestar de la población.
A esa presión estructural se suma una realidad que la gente vive en carne propia: en 2025, el tandeo afectó a 336 colonias de la zona metropolitana. Mientras unas familias recibían agua por horas o por días intermitentes, otras tuvieron que depender de pipas para cubrir lo más básico. En un estado que presume crecimiento, modernidad y competitividad, eso no solo es una contradicción: es una injusticia.
Por eso el debate de fondo no es solo cuánta agua tenemos, sino para quién, cómo se administra y bajo qué lógica se gobierna. Desde la 61 Legislatura, sostuve una postura clara: la ley de aguas aprobada en 2022 nació sin el diálogo social suficiente y con riesgos serios al abrir la puerta a esquemas de concesión que nunca fueron explicados con transparencia. En 2024 la Corte me dio la razón, Querétaro seguía necesitando una verdadera ley de aguas construida con parlamento abierto y participación ciudadana.
Esa defensa no fue menor. Fue la diferencia entre asumir el agua como mercancía o defenderla como derecho humano. Hoy, con la nueva iniciativa presentada el 17 de marzo, esa ruta se reafirma: garantizar un mínimo vital de 100 litros diarios por persona, priorizar el consumo humano, limitar cortes y rechazar la lógica de que el acceso al agua dependa primero de la capacidad de pago. No se trata de un eslogan; se trata de colocar la dignidad en el centro.
Porque cuando en una casa no alcanza el agua, tampoco alcanza la salud, ni la tranquilidad, ni la certeza de futuro. Querétaro vive un momento en que para miles de familias ya no alcanza casi nada, lo mínimo que sí debe alcanzar es el agua.
