¿Cuántos de ustedes tienen hijos? ¿Cuántos de esos hijos están en la escuela? ¿Cuántas y cuantos de nosotros fuimos a estudiar a las secundarias de nuestro estado? ¿Y si los niños no hubieran regresado? ¿Y si alguno de ustedes no hubiera regresado a casa?
El 7 de octubre, la secundaria Esperanza Cabrera reanudó gradualmente sus actividades con un detector de metales en el acceso… una semana antes, un estudiante de 13 años había herido con dos cuchillos a un compañero y a tres trabajadores del plantel. Ayer, en Jalpan de Serra, las autoridades aseguraron un arma de fuego que llevaba otro estudiante a su secundaria. En este segundo caso, por fortuna, no se reportaron agresiones.
Son hechos distintos con circunstancias que deben investigarse por separado y qué, probablemente, tengan razones sociales completamente diferentes, sin embargo, obligan a formular una pregunta muy parecida: ¿qué estamos haciendo para detectar los riesgos? En Querétaro contamos con la llamada Ley Kuri, aprobada en julio de 2025, misma que regula el acceso de menores a redes sociales y forma parte de una política que restringe el uso de celulares durante la jornada escolar, es una buena intención, que funcionó como una respuesta a un problema muy claro: la violencia digital.
Proteger a los menores en internet tiene sentido, pero esa regulación no resuelve por sí sola conflictos familiares, problemas de convivencia, violencia cotidiana o necesidades de acompañamiento emocional; tampoco podemos atribuir los ataques recientes al uso de redes sociales, pero si el gobierno estatal ha presentado resultados preliminares de una evaluación con más de 15 mil estudiantes para “presumir” que se perciben mejoras académicas tras la restricción de dispositivos, no han presentado los resultados o evaluaciones que demuestren una mejor concentración en clase y una reducción comprobable de la violencia. La evaluación de una política debe medir ambas, publicar su metodología y reconocer aquello que todavía desconoce.
La secretaria de Educación explicó que las escuelas públicas tienen cada vez menos psicólogos y trabajadores sociales, ayer reconoció, además, que las medidas vinculadas con la Ley Kuri se aplican de manera desigual, pero me parece más preocupante, por ejemplo ¿Quién escucha a un adolescente que empieza a aislarse o amenaza a otros? ¿Qué debe hacer un maestro cuando advierte señales de riesgo? ¿A quién puede acudir una familia sin recursos para pagar atención especializada? Y, sobre todo, ¿cuánto tarda en llegar esa ayuda?
Los protocolos para armas tienen una función, pero el detector de metales actúa cuando el peligro ya está en la escuela. La prevención exige equipos de apoyo accesibles, rutas claras de canalización, capacitación a docentes y seguimiento real a quienes solicitan ayuda, con respeto a sus derechos.
Ayer nuestra Presidenta Claudia Sheibaum publicó el decreto federal sobre entornos digitales seguros para niñas, niños y adolescentes, ella si muestra preocupación, es el turno de las autoridades del Estado.
A Querétaro ya no le alcanza con campañas mediáticas de “políticas públicas increíbles”, y menos le va a alcanzar si no hay resultados.